Admitida a trámite una tercera querella de JUPOL contra el director de la Policía por falta de medios contra el Covid-19
Pone el foco en el informe de enero del jefe de Riesgos Laborales, que fue apartado de su cargo antes de decretarse el estado de alarma de marzo
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por JUPOL y ha respaldado que se cite como investigados al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por su gestión en la dotación de medios para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Para ello, se pone el foco en el informe de enero del jefe de Prevención de Riesgos Laborales que fue apartado de su cargo justo antes de decretarse el estado de alarma de marzo.
El auto de la Sección Cuarta, con fecha de 25 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, corrige parcialmente la inadmisión de la querella por parte del Juzgado de Instrucción Número 34 de Madrid, obligando a reabrir el procedimiento contra el director y la que era al inicio de la pandemia subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Pilar Allúe, por presuntos delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal.
JUPOL recurrió el auto de 2 de septiembre que rechazaba su querella dirigida, entre otros, contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
La Audiencia entiende que no procede tomar declaración a estos altos cargos de la administración a la vista de otros pronunciamientos judiciales, aunque sí a los responsables policiales por lo que se refiere a la polémica del informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional que alertó el 24 de enero de 2020, tres meses antes de decretarse el primer estado de alarma, de las consecuencias del coronavirus para el desarrollo de la actividad policial.
CESE DEL JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Un día antes de decretarse el estado de alarma de marzo, la Dirección General de la Policía cesó a su jefe de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, un cargo que había alertado sobre la gravedad de la Covid-19 y que, según explicó después en varias entrevistas, pidió más medios de protección en contra del criterio del Ministerio de Sanidad de no generar «alarma social».
La admisión de la querella de JUPOL contó con el criterio en contra de la Fiscalía, tanto en primera instancia como en la propia apelación. La Audiencia Provincial, sin embargo, entiende que sí hay motivos para tomar declaración a los responsables policiales y citar como testigos al propio José Antonio Nieto González –ya retirado– o el representante de JUPOL, José María García.
En el auto se pone el foco en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales, en lo referente a las «medidas correctoras de incumplimientos» en esta materia. La Audiencia también entiende que se debe requerir a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para que aporte las «comunicaciones con instancias superiores elevando la solicitud de los medios materiales presentadas por JUPOL con fecha de 3 de febrero de 2020».
«GRAVE RIESGO PARA LA SALUD»
En la querella se apunta a que posiblemente se ignoró, tanto el informe de Riesgos Laborales del 24 de enero de 2020 donde se especificaban los materiales que debían adquirirse y suministrarse a los agentes, como multitud de solicitudes personales y de Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, que fueron ignoradas, acalladas, y por supuesto desatendidas.
JUPOL ha valorado esta decisión recordando que la gestión de la Dirección General al inicio de la pandemia de Covid-19 «supuso un grave riesgo para la salud de los agentes de la Policía Nacional, al no proporcionarles los equipos de protección necesarios para poder llevar a cabo su actividad laboral, minimizando el riesgo de contagio por coronavirus».
En la querella presentada por el departamento penal de Martínez-Echevarría & Rivera abogados se apunta hacia la existencia de un posible delito del director general de la Policía contra los derechos de los trabajadores, «al no haber adoptado las medidas de protección que recomendaban expresamente varios informes con los que contaba desde el mes de enero de 2020, poniendo con ello en peligro la vida, salud y seguridad de los agentes».
Igualmente, se denuncia que quedaron sin contestar «innumerables solicitudes» de instrucciones por parte de decenas de agentes, que quedaron «desprovistos de cualquier tipo de guía de actuación por parte de la superioridad, con los consecuentes casos de contagios que en las primeras semanas de la pandemia se produjeron en este Cuerpo».
TERCER PROCEDIMIENTO EN LOS TRIBUNALES
Con la admisión a trámite de esta querella se abre, a través de la acción de JUPOL, un tercer procedimiento judicial contra el director general de la Policía, que el próximo 9 de marzo tendrá que declarar ante la Audiencia Provincial de Barcelona por un posible delito contra los derechos de los agentes durante los altercados vividos en las calles de Barcelona tras la sentencia del 1-O en octubre del 2019. También se cita como investigado al Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido, además, otra querella de JUPOL tras la actuación de la unidad de antidisturbios que impidió el paso de una cabeza tractora de un camión en una protesta que se desarrolló frente al Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre.
