Adeslas y Asisa, únicas aseguradoras que han confirmado que irán a Muface a un día de que acabe el plazo


Adeslas y Asisa son las únicas aseguradoras que han confirmado que se presentarán a la licitación de Muface para prestar asistencia sanitaria privada a sus funcionarios adscritos a falta de un día de que expire el plazo.

De acuerdo con los pliegos del contrato público, las empresas interesadas tienen hasta la medianoche de mañana, martes, para presentar su oferta ante la mutualidad de los funcionarios. No obstante, la apertura de las ofertas no se realizará hasta el día 5 de marzo, sobre las 10.15 horas.

Actualmente, hay tres aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios de Muface tras haberse presentado al anterior concierto (vencido, pero prorrogado por el Gobierno): Adeslas, Asisa y DKV. De esas tres, las dos primeras han anunciado que acudirán al concurso, mientras que DKV no se ha pronunciado.

El contrato ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incrementó que ofreció el Gobierno.

En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.

En el nuevo concierto, la prima registra una subida diferenciada en función de los tramos de edad. Las primas finalizarán 2027 en un rango que va desde los 32,9 euros por mes para los asegurados de entre 5 y 14 años hasta los 273,97 euros para aquellos con más de 74 años. Estas cantidades están exentas de IVA.

Asimismo, los pliegos incluyen una cláusula de «restablecimiento del equilibrio económico-financiero» para las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un «riesgo imprevisible» y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la «onerosidad» de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.

El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

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