Acuerdo unánime del Parlamento cántabro para trabajar en una Ley de Juventud tomando como base un texto del PRC
El Parlamento de Cantabria, con el visto bueno del Gobierno regional (PP), va a iniciar los trabajos para que la comunidad autónoma cuente con una Ley de Juventud, una tarea para la que se tomará como punto de partida una proposición del PRC abierta a modificaciones con el objetivo de lograr hacer «entre todos» la «mejor» norma «para todos» los jóvenes.
Todos los grupos de la Cámara han votado este lunes en el Pleno a favor de la toma en consideración de la proposición de Ley de Juventud de los regionalistas pese a que su contenido no ha estado exento de críticas, sobre todo por parte del PSOE y de Vox.
Tras el apoyo expresado en el Pleno por la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, a la toma en consideración, el PRC ha defendido el contenido del texto que plantea, que recoge, a su juicio, las principales inquietudes y necesidades de los jóvenes en distintos ámbitos, con medidas para facilitar el acceso a la vivienda y el empleo, garantizar la gratuidad del transporte público, sin olvidar tampoco ámbitos como el de la salud, la cultura, la igualdad o la diversidad sexual en lo que tiene que ver con ellos. Además, la proposición de ley potencia, según el PRC, la participación de los jóvenes.
En ella se da también un año al Gobierno regional para remitir al Parlamento un Plan Integral de Juventud con cinco años de vigencia y promueve la creación de un órgano de coordinación interinstitucional en materia de juventud, orientado a impulsar las políticas dirigidas a este sector de la población.
Como medidas concretas, plantea la reserva de un mínimo del 25% del parque público de vivienda para los jóvenes (del 30% en municipios con menos de 5.000 habitantes y del 50% en aquellos que se encuentran en riesgo de despoblación) y de «al menos» el 30% de las ayudas destinadas a mejorar la empleabilidad, como colectivo prioritario de acción en tanto la tasa de desempleo supere la media europea.
Los regionalistas han mostrado su disposición a «dialogar» y «consensuar» la norma, con modificaciones en el texto presentado, para lograr aprobar «la mejor» Ley de Juventud.
El resto, pese a algunas críticas al texto, han coincidido en que es «necesaria» e «importante» contar con esta ley que haría que Cantabria dejase de ser una de las pocas comunidades que carece aún de una norma de estas características.
Sin embargo, desde el PSOE han opinado que el texto del PRC es «muy mejorable», no solo en su redacción sino también en su «ADN y su filosofía» y, además, lo ven como un «copia y pega sin mucho trabajo» de «leyes socialistas» de otras comunidades autónomas, como Asturias o Aragón.
Por ello, su diputado Jorge Gutiérrez considera que la propuesta regionalista «debe ser mejorada desde el principio hasta el final». Además, ha reivindicado el trabajo realizado por el PSOE en la pasada legislatura en materia de políticas de juventud y lo ha contrapuesto con el que está llevando a cabo un Gobierno del PP que, a su juicio, «no está interesado en los jóvenes ni en sus preocupaciones» y que, con su visto bueno a la toma en consideración de la proposición de ley del PRC, se limita a «dejar hacer» al Parlamento.
Vox cree, por su parte, que la proposición de ley del PRC es «a todas luces, incorrecta, incompleta e inconclusa» y con «sesgo» ideológico y ha aclarado que su sí no es a favor del contenido de la misma, con el que no está de acuerdo, sino que lo que hace es «votar a favor de iniciar el trámite para modificar todos y cada uno de sus artículos» y conseguir una ley «que se ocupe y preocupe de los problemas y necesidades» de los jóvenes.
Por su parte, el PP ha señalado que esta Ley de Juventud fue prometida y anunciada en varias ocasiones en la pasada legislatura por el entonces vicepresidente regional y titular del ramo Pablo Zuloaga, líder del PSOE regional y portavoz parlamentario, al que considera «el peor consejero para los jóvenes» que ha tenido Cantabria y quien, a su juicio, no hizo «nada de nada» al margen de «tirar por el desagüe» 10.500 euros de dinero público en contratar a una empresa externa de la exsecretaria de Estado de Igualdad Laura Seara para unos trabajos que, según los populares, no sirven para esta norma.
Por ello, el diputado Álvaro Aguirre se ha felicitado de esta proposición del PRC; ha valorado el «trabajo» hecho por los regionalistas, y ha mostrado la disposición de su grupo para sacar adelante la Ley de Juventud que «se ha cansado de pedir».
En este sentido, ha considerado «sano» abrir este debate y cree que el Parlamento es «el sitio» para hacerlo.
En cambio, tras el anuncio del Gobierno de España de una Ley de Juventud a nivel nacional, ha instado al resto de grupos a que la norma que se elabore desde Cantabria «no sea la que quiera Pedro Sánchez».
«El Grupo Parlamentario Popular no va a poner sus votos a disposición para que la Ley de Juventud de Cantabria tenga el más mínimo atisbo a parecerse a los vicios de la Ley de juventud que planteó el Gobierno Pedro Sánchez con su ministra del Partido Comunista a la cabeza», ha dicho Aguirre en alusión a la ministra del ramo, Sira Rego.
Tras aprobarse la toma en consideración, la Mesa del Parlamento remitirá el texto a la comisión competente y se acordará la apertura de un plazo para que los grupos propongan comparecencias de quien consideren para escuchar su punto de vista sobre el texto y las aportaciones que quieran hacer. Posteriormente, se abrirá otro plazo para que los grupos presenten enmiendas parciales al texto.
MODIFICACIÓN LEY DE PATRIMONIO CULTURAL
También el Pleno ha aprobado otra iniciativa del PRC, en este caso una proposición no de ley (PNL) para instar al Ejecutivo regional a modificar un capítulo –el II– de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria referido al patrimonio etnográfico inmaterial.
Se pide al Ejecutivo también articular ayudas, becas o subvenciones, muchas de ellas dirigidas a la puesta en valor del patrimonio cultural cántabro –material o inmaterial–, o a potenciar actividades y asociaciones que trabajen en su defensa.
Todos los grupos han votado a favor, salvo Vox, que se ha abstenido porque le ha «descolocado» la iniciativa y no entiende el objetivo de la misma pues, según su portavoz, Leticia Díaz, o es un «brindis al sol» o hay algo que «no le encaja».
Y es que ha reprochado al proponente de la misma, el exconsejero Javier López Marcano, que no haya aclarado en qué debe modificarse el capítulo de la ley que pide que, según Vox, está «bien» regulado.
En la exposición de motivos de la PNL, el PRC mantiene que esta regulación debe ser «adaptada y reforzada», no solo por la «fragilidad intrínseca» de este patrimonio, sino por los cambios en su gestión y tratamiento ha habido a lo largo de los años.
ADMINISTRACIÓN ELETRÓNICA
Por otra parte, también se ha aprobado con el voto a favor de toda la oposición y el rechazo del PP, una moción de Vox en materia de Administración electrónica.
En la iniciativa, se insta al Gobierno regional a aprobar un calendario de implantación y despliegue del acceso a los procedimientos que permitan «su plena tramitación telemática».
También se le pide que, en tres meses, publique en su Portal de Transparencia, «de forma clara y fácilmente accesible, la relación de procedimientos que ya permiten a la ciudadanía acceder directamente a sus expedientes «más allá de la mera presentación para poder consultar su estado y aportar documentación, determinando las fases de la tramitación que se pueden consultar, con independencia del inicio y cierre del expediente».
Reclama también unificar los accesos a la íntegra tramitación telemática de los expedientes en la propia sede electrónica del Gobierno, redireccionando a la misma cuantos accesos se encuentran «dispersos» en diversas webs, y emitir un informe para este Parlamento sobre el Plan de Desarrollo de la Administración Electrónica.
