Abogado del TUE avala exigir autorización para el alquiler de pisos en plataformas como Airbnb
BRUSELAS, 2
Un Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este jueves que se exija un permiso de las autoridades locales para poner en alquiler de corta duración pisos en plataformas online como Airbnb, como medida para hacer frente a la escasez de alojamiento de larga duración.
En su razonamiento, el magistrado europeo Michal Bobek considera que la escasez de alojamiento de larga duración constituye una razón imperiosa de interés general que permite justificar una medida nacional que somete a autorización el alquiler de forma reiterada durante breves periodos a clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio.
Sitúa, además, el servicio de plataformas online para el alquiler de corta duración de pisos para usos turísticos en la economía colaborativa dentro del marco de aplicación de la directiva de servicios.
En este sentido, el abogado apunta que la directiva no se opone a esa normativa nacional y municipal, siempre que cumpla los requisitos de proporcionalidad y no discriminación, extremo que ha de comprobar el órgano jurisdiccional remitente.
La opinión del Abogado General no es vinculante para el Tribunal europeo aunque en la gran mayoría de los casos el sentido del fallo de la Justicia europea suele seguir la línea marcada por estos dictámenes.
El caso se remonta a una investigación abierta por la ciudad de París en 2015 contra dos sociedades de alquiler turístico que no tenían autorización para colocar sus estudios a través de Airbnb, tras lo cual fueron condenadas a una multa y a restituir el uso de vivienda a los pisos.
La Justicia europea debe responder a una cuestión prejudicial de la Corte de Casación gala que examina un recurso presentado por las dos firmas y requiere aclaraciones sobre se una normativa nacional que somete a autorización administrativa el arrendamiento de inmuebles amueblados durante breves períodos de tiempo está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios.