Abierta una investigación contra Pedro Castillo por dar una entrevista desde la cárcel
El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) ha anunciado este martes la apertura de un proceso administrativo disciplinario contra el expresidente Pedro Castillo después de que este haya brindado una entrevista a un medio español desde la cárcel.
La institución ha indicado en un comunicado que no ha autorizado ninguna entrevista dentro del centro penitenciario en el que Castillo se encuentra preso y que el exmandatario solo tiene derecho a comunicarse con sus familiares y amigos y a recibir visitas, según ha informado La República .
Asimismo, ha señalado que el código de ejecución penal expresa que, si bien las comunicaciones constituyen un derecho de toda persona privada de libertad, estas deben darse dentro del parámetro y objetivos que persigue el tratamiento penitenciario, lo cual excluye aquellos de naturaleza política o proselitista.
La denuncia del INPE tiene lugar después de que el expresidente haya ofrecido una entrevista en exclusiva al diario español El Salto , donde ha defendido su anuncio de disolución del Congreso de Perú y ha asegurado que es víctima de un complot organizado por la derecha peruana.
Este es el segundo proceso administrativo abierto por el INPE contra el exmandatario, ya que el pasado 26 de enero determinó que había llevado a cabo una falta disciplinaria por publicar una carta firmada en la red social Twitter. Tras ello, el Consejo Técnico Penitenciario inició una investigación para determinar alguna responsabilidad conforme a la ley, según recoge el citado diario.
Pedro Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
La Justicia peruana decretó dicha medida contra el exmandatario peruano mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
