El Parlamento pide «transparencia» para elegir la ubicación de Vuelta Ostrera, que no se construirá en «mínimo 2 años»

PRC y PSOE aseguran que el procedimiento se está haciendo «con rigor» pero la oposición cree que ha habido «injerencias políticas»

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una moción de Ciudadanos (Cs) exigiendo que haya «transparencia» en la elección de la ubicación de la depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera, que según el PSOE está dentro de un proceso que «no acaba aquí» y cuyos resultados se tardarán en ver «mínimo dos años».

Además de reclamar que la decisión de la ubicación esté exenta de «injerencias políticas» y se base exclusivamente en criterios técnicos, la iniciativa también solicita que se haga público el informe adicional solicitado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en relación con el estudio de impacto ambiental de las ubicaciones que se han planteado como alternativa para la futura depuradora.

Los grupos que sustentan el Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, han apoyado la moción señalando que «quién no va a estar de acuerdo» con estas dos peticiones, pero ha asegurado que el procedimiento es «claro» y que el documento que se pide, aunque no se ha publicado, es «público» y está al alcance de «cualquier ciudadano».

Por contra, la oposición (PP, Cs y Vox) han cuestionado que los informes apuntaban como «mejor ubicación» a la isla de Solvay (Polanco) y, en cambio, recientemente se descartó por «un cambio de criterio» que se desconoce, apostando por llevar la depuradora a Cortiguera (Suances).

La diputada regionalista y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha explicado que la isla de Solvay «no era la mejor» alternativa porque, como recogen los informes, es una isla artificial generada por la actividad industrial y contiene tierras «potencialmente contaminantes».

Y tras las insinuaciones de la oposición de que el Gobierno regional podría conocer ya el informe que se reclama en la moción, Díaz ha asegurado que no tiene conocimiento de él ni como diputada ni como alcaldesa de Polanco. Asimismo, ha aclarado que el Ejecutivo no se ha posicionado por ninguna de las ubicaciones propuestas y que, de hecho, con sus alegaciones descartó las siete que se barajaban.

Por su parte, el socialista Javier García-Oliva ha asegurado que el procedimiento se está llevando a cabo «con rigor» y es «absolutamente garantista», además de que «no acaba aquí» porque después de elegir una ubicación será necesario obtener la declaración de impacto ambiental, la redacción del anteproyecto, expropiaciones y demás trámites que harán que «nos iremos mínimo a dos años todavía» para ver el resultado.

García-Oliva ha considerado que Cs «se ha montado un relato de los hechos digno de Iker Jiménez» en su intervención para defender la moción y, tal y como reclama la formación naranja, ha pedido «dejar a los técnicos» trabajar para buscar la mejor ubicación.

Desde la oposición, el popular Roberto Media y el diputado naranja Félix Álvarez creen que se han producido esas «injerencias políticas» y han preguntado «de quién ha partido la idea» de sustituir la ubicación de la isla de Solvay por Cortiguera y si el Gobierno regional ha tenido algo que ver para que se produzca ese cambio «tan radical», por que ven actuaciones «muy raras, que no huelen bien».

Y desde Vox Cristóbal Palacio ha insistido en que el hecho de que haya que derribar la depuradora existente para cumplir la sentencia judicial que condena a su derribo por ubicarse en dominio público marítimo terreste -tras la denuncia de Arca- es «un fracaso de la política», por no haber podido llegar a un acuerdo para cumplir la resolución de otra forma, porque supondrá una inversión para llevar Vuelta Ostrera «a 300 metros», y teniendo en cuenta que ·ninguna de las alternativas es mejor» que la ubicación actual.

EDUCACIÓN

También por unanimidad, el Pleno ha aprobado una moción de Vox para instar al Gobierno de Cantabria a cumplir el Acuerdo por la Educación en Cantabria, aprobado por el Consejo Escolar en el año 2017 y ratificado en el Parlamento en mayo de 2018, «en los mismos términos» en la educación pública como en la concertada.

Aunque todos han votado sí a esta iniciativa, no ha habido coincidencia en los argumentos.

El diputado de Vox Armando Blaco ha afirmado que, si bien el grado de cumplimiento del Acuerdo es «alto», «no se está cumpliendo de igual manera» en los centros públicos que en los concertados.

Ha afirmado que, en estos últimos, hay «muchos puntos que no se están cumpliendo» y, como ejemplos, ha enumerado que no se está acordando el calendario escolar con los centros concertados, no se están reduciendo las ratios de alumnos por aula, ni produciéndose los desdobles y tampoco incorporando a más personal docente así como tampoco se está garantizando el sistema de becas de transporte y comedor, entre otros asuntos.

Por ello, Blanco ha denunciado la «falta de cumplimiento» de la «base» del Acuerdo, que, según ha dicho, es la «igualdad».

En contraposición, PRC y PSOE han defendido que este Acuerdo sí se está llevando a cabo y han repetido algunos de los argumentos y datos aportados en el anterior Pleno por la consejera de Educación, la regionalista Marina Lombó, quien afirmó que el grado de cumplimiento era «alto».

Además, como ella, han recordado la existencia de una comisión permanente del Consejo Escolar encargada de velar por el cumplimiento del Acuerdo y han recordado que este órgano, como ya dijo Lombó, se ha comprometido a concluir antes de que termine este curso escolar un informe en el que evaluará si se cumple o no.

Por ello, la regionalista Teresa Noceda ha afirmado «no entender» el «porqué» de la moción de Vox, partido a la que ha pedido que «no busque enfrentamientos» porque Cantabria, a su juicio, en materia educativa «va bien» y se están consiguiendo «logros», y la comunidad tiene «mucho más problemas» que resolver como que ahora se pretendan crear algunos en este ámbito.

Además, respecto al desigual cumplimiento que, según Vox, está teniendo el acuerdo en la escuela pública y en la concertada, ha defendido que «la prioridad de cualquier Administración Pública debe ser la educación pública.

El diputado del PP Álvaro Aguierre ha criticado el «papel ambiguo del PRC», partido que gestiona la educación en Cantabria, sobre la concertada y ha opinado que ésta formación «siempre» se queda «a medias» en la defensa de la misma, recordándole que a la escuela concertada se la defiende y protege «con Presupuesto».

Por su parte, Cs ha afirmado que del Acuerdo, que, a su juicio es un «buen pacto», «se han cumplido algunas cosas, otras a medias» aunque hay «bastante por hacer».