CEHAT respalda la continuidad de Jorge Marichal como presidente de la patronal, tras la renuncia a su cargo
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha tomado la decisión, tras una reunión del Comité Ejecutivo del mismo, de mostrar su firme respaldo al presidente, Jorge Marichal, que puso su cargo a disposición de la patronal tras las informaciones publicada por los medios de comunicación sobre su condena por fraude fiscal.
En un comunicado, el Comité traslada a Marichal su deseo de que continúe al frente de la presidencia de CEHAT, ya que su trabajo al frente de la patronal ha sido «ejemplar» desde su nombramiento en diciembre de 2019 y, muy especialmente, durante su defensa del sector alojativo español en estos meses de pandemia.
La patronal ha manifestado que el desempeño de sus funciones ha estado siempre marcado por su «enorme implicación y compromiso, su formación, su capacidad de liderazgo, su pasión y su tesón», que lo convierten en un «perfil idóneo» en la representación del sector turístico alojativo de este «calado y exigencia».
El Comité Ejecutivo ha considerado que un asunto de ámbito estrictamente personal sin relación con la representación empresarial y acaecido hace más de una década «no ha interferido ni interferirá en la labor diaria de la Confederación y en la defensa de los intereses colectivos de todo el sector del alojamiento español».
La patronal ha justificado su decisión en que dispone de sus propios estatutos para el funcionamiento de su organización y en que no existe «ninguna razón legal ni estatutaria que justifique apartar del cargo a un representante de la misma por hechos de esta naturaleza».
Esta decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de CEHAT ante las informaciones publicadas en medios de comunicación sobre la sentencia de julio de 2019 del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, confirmada, notificada y publicada desde mayo de 2020 por la Audiencia Provincial.
Dicha sentencia condena a Jorge Marichal por un delito contra la Hacienda Pública a dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
