Partidos de la oposición presentan recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia Sanitaria
Las alianzas políticas de la oposición de Bolivia Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) han presentado, por separado, sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia Sanitaria aprobada por el Gobierno, que ha abierto un pulso entre el Ejecutivo de la nación andina y el sector sanitario.
Ambas agrupaciones sí coinciden en que la norma, a su juicio, vulnera la Constitución boliviana y que tiene «fines políticos», según ha informado el diario local Página Siete .
En el caso de CC, los diputados Carlos Alarcón y Marcelo Pedraza ha informado de que presentaron el recurso en el Tribunal Constitucional Plurinacional el 26 de marzo. En rueda de prensa, a la que ha asistido el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes), Fernando Romero, Alarcón ha señalado que la primera falta de la ley es la «vulneración del derecho a la huelga y a la protesta del sector salud».
En este sentido, ha recordado que existe una sentencia constitucional que establece que este derecho no puede ser suprimido o eliminado, porque las protestas se usan para exigir mejoras en las condiciones laborales del sector salud. Romero, por su parte, ha reiterado que el Gobierno boliviano va en contra de los derechos de los profesionales sanitarios.
En cuanto a Creemos, la senadora Centa Rek ha trasladado que se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de la ciudad de Sucre, argumentando que la norma viola la Constitución porque se superpone a las autonomías departamentales y concentra el poder en el Ejecutivo.
«Es una ley que en realidad, bajo el nombre de emergencia sanitaria, no genera ninguna posibilidad de enfrentar la pandemia de coronavirus, sino que persigue fines políticos», ha indicado.
El Consejo Nacional de Salud (Conasa) de Bolivia convocó el lunes a sus afiliados a un bloque de carreteras ante la «indiferencia» del Gobierno, que se niega a derogar la ley, que no habría sido consensuada con las organizaciones sanitarias del país.
Conasa, que también protesta por la falta de equipamiento en los hospitales para combatir la pandemia de la COVID-19, se reunió el domingo y decidió endurecer las protestas contra el Ejecutivo de Luis Arce, que ya ha reafirmado que no tiene intención de derogar la nueva normativa.
El sector sanitario boliviano lleva a cabo paros desde febrero. La Ley de Emergencia Sanitaria ha abierto un nuevo capítulo al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud.
Los trabajadores sanitarios lamentan que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.
Hace unas semanas, los trabajadores del sector sanitario suspendieron una huelga tras haber logrado el compromiso de la Administración de modificar el por entonces proyecto de ley contando con sus opiniones, recomendaciones y críticas.
No obstante, finalmente los médicos desconocieron este acuerdo firmado por el Colegio de Médicos de Bolivia, ya que solo contemplaba la modificación de tres artículos, el 17, el 19 y el 28.
