Urkullu reafirma su compromiso con un modelo penitenciario basado en «la resocialización y la justicia restaurativa»

Recuerda que el traspaso de la gestión de las prisiones, recogida en el Estatuto de Gernika, lleva pendiente «desde hace 41 años»

VITORIA, 26

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reafirmado su compromiso con impulsar, una vez que Euskadi asuma la competencia de la gestión de las prisiones reconocida en el Estatuto de Gernika de 1979, un modelo penitenciario basado en «la resocialización y la justicia restaurativa», de acuerdo a los principios recogidos en la Constitución Española y en la Ley General Penitenciaria.

Urkullu ha respondido de esta forma, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a una pregunta de Vox respecto a cuáles son las medidas que pretende llevar a cabo el Gobierno autonómico cuando se culmine el traspaso a Euskadi de la competencia sobre los centros penitenciarios ubicados en la comunidad autónoma.

El lehendakari, que ha recordado que esta es una competencia recogida en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, ha lamentado que la transferencia –que están ultimando en estos momentos los gobiernos central y autonómico– lleve pendiente de ejecutarse «desde hace 41 años».

Además, y en respuesta a las preguntas que le ha planteado la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre este asunto, se ha referido al programa Hitzeman , desarrollado por el Gobierno Vasco entre 2015 y 2017 como «experiencia piloto».

PROGRAMA HITZEMAN

Esta iniciativa, según ha recordado el lehendakari, tenía como objetivo la «resocialización» de presos. Urkullu ha afirmado que, aunque ya no está vigente, las conclusiones de dicho programa se tendrán en cuenta «para definir el modelo penitenciario de Euskadi» una vez se ejecute la transferencia sobre la gestión de las prisiones.

El lehendakari ha explicado que el programa Hitzeman se desarrollaba en dos ámbitos diferenciados. Por una parte, había un área de «resocialización», que estaba dirigida a «todos los presos», con independencia del delito por el que estuvieran cumpliendo condena.

Además, existía un apartado sobre «reinserción» dedicado de forma específica a presos condenados por delitos de terrorismo. Urkullu ha precisado que el hecho de que se contemplara un tratamiento específico para este tipo de recursos respondía a que la legislación establece «requisitos diferenciados» para la reinserción de las personas condenadas por actividades terroristas.

El lehendakari ha recordado que en 2015 entregó personalmente este programa al entonces presidente de Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, y que la iniciativa Hitzeman permaneció vigente durante dos años cuando el Ejecutivo central estaba en manos del Partido Popular.

DERECHO INTERNACIONAL

Además, ha destacado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria conocieron el programa «desde el primer momento». El lehendakari ha subrayado que Hitzeman se situaba «en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos y de la corriente europea sobre la justicia restaurativa».

En este sentido, ha reafirmado que el modelo penitenciario por el que apuesta el Gobierno Vasco está basado en «la resocialización y la justicia restaurativa». El lehendakari ha recordado a la representante de Vox que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que «la función de la pena debe ser la reeducación y la resocialización de los presos».

Además, ha destacado que la Ley General Penitenciaria señala que la política penitenciaria «debe centrarse en los principios de individualización, humanidad y reinserción». De esa forma, ha reafirmado su compromiso con un modelo penitenciario basado en «la individualización, la humanidad, la reinserción, la resocialización y la justicia restaurativa».

«OPORTUNISMO POLÍTICO»

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha reprochado a Urkullu que pretenda «apuntarse el tanto» de la gestión de las prisiones «ahora que ETA ha dejado de matar», una actitud que ha atribuido al «oportunismo político».

Además, ha censurado que el Ejecutivo pretenda dar una «carta de legitimación a los terroristas», y que trate de concederles «beneficios penitenciarios de primer orden» a cambio de que «firmen un documento».