Bronca en Les Corts con insultos y descalificaciones en el debate de la ley de Función Pública a cuenta del valenciano

Un diputado de Cs reprocha al Botànic que quieren «matarles» y precisa que es «socialmente» ante la petición de Morera de retirarlo

VALENCIA, 24

El pleno de Les Corts Valencianes ha vivido este miércoles una intensa bronca política durante el debate de la Ley de Función Pública, que incluye el denominado requisito lingüístico. El valenciano ha sido el origen de un desencuentro entre las bancadas del Botànic y la oposición, que ha ido subiendo de tono en las réplicas y ha acabado con descalificaciones y gritos.

El requisito lingüístico ha sido el gran protagonista en el parlamento. El debate ha comenzado a subir de tono cuando la oposición ha protestado porque la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes, se ha referido a la «lengua catalana que hablamos los valencianos» y le han pedido que retirara esta referencia.

«La ignorancia es tan atrevida», ha aseverado Blanes entre gritos de diputados del PP, Cs y Vox, que han hecho referencia al Estatuto de Autonomía. El president de Les Corts, Enric Morera, ha intervenido para pedir «un poco de educación» a la síndica del PP, Isabel Bonig, y le ha espetado que la diputada de UP :»Ha leído la definición de la Real Academia Española de la Lengua, vea usted qué barbaridad», al tiempo que ha defendido que en la cámara «se respeta la libertad de expresión».

El tono ha continuado elevado durante la réplica de José María Llanos (Vox), quien se ha preguntado «dónde ha quedado el estatuto de autonomía en esta cámara» y ha acusado al Botànic de «querer subyugar a los valencianos a unos inexistentes Països Catalans» que «es un compromiso de Vox que nunca existirán».

También ha habido cruce de declaraciones entre Nathalie Torres (Compromís) y Vicente Fernández (Ciudadanos). La diputada de la coalición ha acusado a Fernández de «cosmopaletismo» y se ha preguntado «qué diferencia hay entre su discurso radical o el de Vox». Fernández ha replicado: «Hay medio millón de valencianos que me voten a mí o voten a otro, no quieren su hoja de ruta de odio». «Lo que me pase a mí en dos años me importa bien poco, mientras esté aquí daré voz a las personas que me han votado», ha aseverado.

El diputado de Cs ha criticado el «papelón» del PSPV con sus socios y también ha lanzado descalificaciones a diputados del Botànic a quienes ha llamado «pandilla de basura» y «atajo de sinvergüenzas». «Ustedes lo que quieren es matarnos», les ha manifestado, algo que Morera ha propuesto retirar del acta. Fernández ha defendido que se refería a «matar socialmente y arrinconar».

Por parte del PP, José Antonio Rovira ha espetado al Botànic: «Ya estoy harto, seis años y no habéis hecho nada. Habéis multiplicado los interinos y los queréis echar a la puta calle». Mientras, Rosa Peris (PSPV), le ha afeado el «enchufismo» del PP, que ha sido el «cáncer de la administración pública». Además, les ha reprochado que «no tienen proyecto» y que están «en caída libre», pero «la que más» es su líder, Isabel Bonig, a la que «algunos le están cortando los cables del paracaídas», ha dicho.

VOTACIÓN EL JUEVES

El dictamen de la comisión de Justicia sobre la normativa se votará este jueves, así como las enmiendas que han quedado vivas. Debido a la pandemia, las votaciones se agrupan todas en la segunda jornada de la sesión plenaria, la de mañana, mientras que hoy se debaten las propuestas.

Desde Unides Podem, Estefanía Blanes ha defendido que esta normativa supone una «actualización necesaria» para «adaptar la función pública al siglo XXI». Además, ha criticado las enmiendas de «la ultraderecha y los que le hacen el juego» que se basan en «el machismo y el españolismo», y les ha afeado el «odio» hacia las clases populares al pedir la eliminación de un artículo «pensado para dar apoyo al acceso a la función pública de personas sin recursos». «Ustedes no tienen vergüenza, no van a pisar nuestros derechos», ha aseverado.

Llanos (Vox) ha tildado el proyecto de «malo, innecesario y sectario» y ha criticado al Botànic porque llevan «más de cuatro años» para negociar el contenido de una normativa que lleva vigente «tan solo 10 años», por lo que ha considerado que «no hay justificación ni demanda social para una nueva». En concreto, ha criticado el «carné de identidad a criterio» que supone el requisito lingüístico.

Por Compromís, Torres ha resaltado la «carta de naturaleza» que otorga la normativa a los educadores sociales, y ha criticado a la derecha porque «solo han leído un artículo», el referido al requisito lingüístico, y les ha acusado de «valencianofobia» y de «insultar a la inteligencia con argumentos falsos». «Hace más de 40 años que envenenan el corazón de esta sociedad sin ningún tipo de pudor», les ha espetado.

Desde Ciudadanos, Fernández ha criticado el «bodrio» que, a su juicio, supone esta normativa y ha acusado a Compromís, Unides Podem y «los más ultranacionalistas del PSPV» de ser «el búnker de la barraqueta», y les ha llamado «falsos valencianos» porque «en sus estatutos hablan de los Países Catalanes». Por ello, ha criticado «su modelo de imposición lingüística», que quiere «marcar a los que hablan castellano como hicieron con los judíos» y ha señalado que la ley «nace muerta» porque «no regula el teletrabajo».

Para Rovira (PP), ha remarcado que la normativa «no era necesaria», algo que, según ha señalado, «la propia comisión de expertos decía que no era necesaria». Así, ha criticado que ha tardado cinco años en tramitarse por el «requisito lingüístico», que se va a meter «bajo mano en un reglamento». Para el parlamentario, esta normativa la «dirige» Compromís y que «el PSPV está jugando el papel de tonto útil».

A juicio de Peris (PSPV), la ley de 2010 genera una «alta tasa de precariedad laboral» y una «ausencia de políticas de recursos humanos», por lo que ha espetado a la derecha que es «absurdo que se emperren en mantener una ley inoperante e inservible en el siglo XXI». Respecto al requisito, ha acusado al PP de «incoherencia» por votar no «cuando es el partido que introdujo el requisito en la educación» y que en Galicia «es quien aprobó el requisito».