El Comité Europeo de las Regiones pide mecanismos de financiación directa para la renovación de edificios

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que establezcan mecanismos de financiación directa para que los entes locales y regionales lleven a cabo proyectos de renovación de edificios.

El CDR ha adoptado así un dictamen sobre la Ola de Renovación , el plan de la Unión Europea para mejorar el rendimiento energético del parque de edificios de Europa.

Según indica el CDR, los edificios representan el 40% del consumo energético de Europa y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que su renovación es clave para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050.

Las ciudades y regiones piden una revisión de los regímenes de ayudas estatales, reglas presupuestarias más flexibles para maximizar las inversiones y renovaciones, objetivos subnacionales para la renovación de edificios y la integración de fuentes de energía renovable en proyectos de renovación.

Tras un debate plenario con el comisario de energía de la UE, Kadri Simson, el ponente del CDR sobre el dictamen sobre la ola de renovación, miembro del consejo municipal de Signa (Florencia) y expresidente de la región de Toscana (2010-2020), Enrico Rossi, ha explicado que «la recuperación verde comienza en los hogares».

«Con la Ola de Renovación como pilar fundamental del Green Deal, podemos relanzar nuestra economía, crear 160.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción y luchar contra la pobreza energética, al tiempo que cumplimos nuestros objetivos de neutralidad climática», precisa.

Además, añade que deben «asegurarse de que los recursos del nuevo Marco Financiero Plurianual, el Plan de Recuperación y los fondos nacionales y regionales se utilicen en sinergia y no se desvíen a otros lugares».

Para su éxito, apunta que «las ciudades y regiones deben desempeñar un papel clave». «Es por eso que necesitamos herramientas concretas, como una instalación de asistencia técnica local, accesible a todas las autoridades locales y regionales para la implementación de la Ola de Renovación, junto con capacitaciones para los trabajadores».

En este sentido, el CDR insta a que se lleve a cabo la revisión anunciada de los regímenes europeos de ayudas estatales para la eficiencia energética en los edificios a fin de superar las actuales barreras a la inversión.

También insta a trabajar con los Estados miembros para establecer normas presupuestarias más flexibles para las administraciones locales y regionales a fin de mejorar su capacidad de invertir en la renovación de edificios existentes y nuevas viviendas sociales.

Asimismo, señala que, para implementar la Ola de Renovación, la Comisión y los Estados miembros deben brindar un apoyo significativo al sector de la construcción para superar las lagunas en los conocimientos sobre habilidades, tecnología y reciclaje de los trabajadores.

Igualmente, el CDR indica que debe contar con el respaldo de una sólida asistencia técnica a disposición de todos los entes locales y regionales. Los miembros abogan por el fortalecimiento y la descentralización del mecanismo ELENA del BEI mediante la racionalización del modelo de ventanilla única para brindar asistencia técnica a todas las autoridades y empresas locales y regionales.

Además, el dictamen del CDR insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a incorporar plenamente la Ola de Renovación en los programas de recuperación y resiliencia (FRR), así como en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

QUE LOS COSTOS NO REPERCUTAN EN LOS INQUILINOS

Las propuestas adicionales del CDR para implementar con éxito la Ola de renovación en todos los territorios incluyen medidas para evitar desalojos por reforma. Según precisa, la Comisión Europea y todos los niveles de gobierno deben evitar que los costos de renovación repercutan en los inquilinos y propone que los aumentos de alquiler se equilibren con el ahorro de energía.

También pide a la Comisión Europea que exija a los Estados miembros que otorguen a los entes locales y regionales un papel pleno y eficaz en la preparación y actuación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia mediante el desarrollo de diálogos multinivel sobre el clima y la energía eficaces.

Igualmente, propone que la ola de renovación se implemente también en áreas menos urbanizadas y más periféricas, incluidas las comunidades rurales; fortalecer los mecanismos de certificación que incentiven la selección de materiales y técnicas de construcción en función de su ciclo de vida.

Asimismo, sugiere fortalecer las comunidades energéticas locales a través de la producción de energía descentralizada e incentivos para desarrollar el modelo de «renta cálida», aplicado en Suecia y Finlandia, por el que se anima a los propietarios a ahorrar energía garantizando al mismo tiempo un entorno interior adecuado.

DESCARBONIZAR LA CALEFACCIÓN

Por otro lado, el CDR plantea ampliar el análisis de la pobreza energética más allá de los hogares individuales; brindar apoyo al sector de la construcción, que se ha visto gravemente afectado por la crisis; y esfuerzos más ambiciosos para descarbonizar la calefacción y la refrigeración residencial, que es responsable de más del 80% del consumo total de energía de los edificios en la UE.

Entre otras propuestas, también recomienda desarrollar una aplicación sistemática de los criterios de Contratación Pública Verde para el sector de la construcción; que los datos sobre el consumo energético de los edificios estén disponibles de forma gratuita en toda la UE; que se establezcan metas subnacionales para la integración de fuentes de energía renovable en los edificios; y se actualice el marco del certificado de eficiencia energética.

Además, el CDR respalda la propuesta de un indicador de preparación inteligente (ISR) para evaluar el grado en que los edificios están preparados para la integración de tecnologías inteligentes y para ofrecer recomendaciones a los propietarios y ocupantes de los edificios.

Finalmente, señala que los requisitos legislativos para la compra y renovación de todos los edificios públicos existentes, los estándares mínimos de rendimiento energético y los objetivos obligatorios para las tasas de renovación anual deben ser flexibles para tener en cuenta las diferentes características y circunstancias de la edificación en cada territorio.