El PP muestra «rotunda oposición» hacia el parque eólico Garma Blanca y pide al Gobierno «tumbarlo»
Destaca su «brutal» impacto en el territorio pasiego y pedirá en el Parlamento el respaldo a las alegaciones de los Ayuntamientos
El PP de Cantabria ha mostrado su «rotunda oposición» al parque eólico Garma Blanca porque considera que supone un «impacto brutal» en el territorio pasiego que lo convierte en «inviable», por lo que ha pedido al Gobierno regional que «no se dé mus» y presente alegaciones para «tumbar» el proyecto.
«Energía eólica sí, pero no así», ha sentenciado este viernes en rueda de prensa la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, quien ha subrayado que su partido «no está en la caverna» y apuesta por un desarrollo eólico «racional y sostenido» y por la implantación de parques eólicos en Cantabria, pero «no en cualquier sitio y de cualquier manera, no a cualquier precio y no a costa de arrasar el territorio».
Sáenz de Buruaga ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los portavoces de los afectados en los municipios en los que se pretende instalar el parque: Arredondo, Miera, Solorzano, Riotuerto, Entrambasaguas y Ruesga.
Éstos, según ha indicado la popular , han liderado la demanda de información y de alegaciones y dicen «no» a este proyecto no por motivos ideológicos, sino por «sentido común, por razones de peso», porque el impacto de Garma Blanca y de «todo lo que viene detrás» va a ser «brutal».
Y es que, tal y como ha dicho la presidenta del PP cántabro, este parque «no viene sólo», ya que el proyecto que se ha sometido a información pública engloba Garma Blanca y unas infraestructuras complementarias -dos subestaciones y una línea eléctrica de evacuación- que son compartidas con al menos otros tres parques: Ribota (51 MW), Amaranta (31 MW) y Quebraduras (18 MW).
«Estamos hablando de al menos cuatro parques que suman más de 150 MW y unos 40 aerogeneradores, todos del mismo promotor, todos sobre el mismo territorio -Asón, Trasmiera y el territorio pasiego-, y todos en parrilla de salida», ha dicho, recordando que Ribota ya salió ayer a información pública.
Para el PP, es «obvio» que los cuatro parques «son la misma cosa», que conforman un único proyecto y que, por lo tanto, hay que valorar en su conjunto el impacto de esta acumulación de infraestructuras y aerogeneradores sobre el paisaje y la biodiversidad, la fauna, la flora, los ecosistemas y la población.
«Garma Blanca no viene sólo y, por lo tanto, no puede someterse a evaluación de impacto ambiental de manera fragmentada», ha insistido Sáenz de Buruaga, que ha hecho hincapié en que el fraccionamiento de proyectos para impedir una adecuada evaluación es «como poco, un fraude que puede marcar la diferencia entre un no y un sí, entre una declaración de impacto ambiental desfavorable o favorable».
El PP también se opone a este proyecto porque considera que el impacto negativo de sus 13 aerogeneradores de 162 metros de altura y de sus infraestructuras complementarias lo convierten en «inviable».
La presidenta ha recordado que todos los ayuntamientos afectados han presentado alegaciones que hablan de un impacto visual «brutal», de daños a la ganadería extensiva y el turismo rural e invasión de suelos productivos agrícolas, de «enormes» movimientos de tierras, de invasión y destrucción de masas forestales y de afecciones a las aves, a espacios naturales protegidos y a hábitats de interés comunitario.
Además, ha indicado que en un radio de 500 metros alrededor de Garma Blanca hay 165 construcciones, y algunas estarían a solo 200 metros.
EL GOBIERNO «SE LAVA LAS MANOS»
La popular ha reprochado al Gobierno regional que «no haga nada para defender el territorio de semejante agresión», defienda Garma Blanca «a ultranza» antes de conocer y evaluar los impactos sobre su territorio y su población y «se lave las manos y eche balones fuera» con la excusa de que este parque lo tramita el Ministerio de Transición Ecológica.
Así, ha anunciado que este lunes el grupo parlamentario popular llevará al Parlamento cántabro una iniciativa para buscar el respaldo de los grupos y de la institución a las alegaciones formuladas por los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales.
Además, pedirá al Gobierno que «no se dé mus», que formule alegaciones para sustentar una declaración de impacto ambiental negativa y, en consecuencia, la denegación de la autorización administrativa, porque» esa es la única manera de evitar que este proyecto salga adelante».
«Le pedimos que defienda los valores naturales de nuestro territorio y la forma de vida del medio rural, que no ponga el parque por encima de todo y de todos, que eche el resto y presente alegaciones porque no vale todo, porque el qué, el cómo y el dónde importan», ha concluido Sáenz de Buruaga.
