Podemos rechaza la propuesta de incentivos del PSOE sobre el alquiler al ser un «incumplimiento» del acuerdo

Acusan a los socialistas de «sucumbir» a las presiones de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes propietarios

Unidas Podemos ha rechazado la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de aplicar «únicamente incentivos fiscales» para tratar de bajar los precios del alquiler, una medida que considera un «incumplimiento flagrante» del acuerdo de gobierno de coalición por la parte socialista.

Según han explicado fuentes de la formación morada a Europa Press, la oferta que ha presentado el PSOE, en nombre del Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, en la reunión de este miércoles «consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler».

En consecuencia, aprecian que los socialistas «sucumben» a las propuestas de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda, en lugar de establecer obligaciones que haga aflorar inmuebles vacíos que bajen el alquiler.

Así lo han apuntado tras la reunión de este miércoles entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Lucas, que encabeza el equipo negociador del PSOE, hizo llegar a última hora de ayer el documento que recoge el sistema de incentivos, un modelo que ya rechazó la Vicepresidencia Segunda por entender que ha fracasado en Portugal.

Desde Unidas Podemos se considera que esa propuesta «no sólo incumple el acuerdo de Gobierno» por «no incluir la regulación de precios del alquiler», sino que además es «antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos».

Como prueba de ello aluden a que la base a esta propuesta plantea que «cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario, mayor será el beneficio fiscal que reciba».

«SIN NINGUNA MEDIDA PARA GRANDES PROPIETARIOS»

Asimismo, reprochan que el PSOE «no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre», que «podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda».

Frente a ello, Unidas Podemos quiere que la Ley de Vivienda establezca obligaciones para estos fondos, al responsabilizarles del aumento del precio del alquiler en España y de generar «artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos».

Para el socio minoritario de la coalición, resulta «sorprendente» que el PSOE envíe una propuesta «sin base empírica alguna» y «avalada» por el Ministerio de Hacienda, mientras se niega a implementar una medida, como es la de la regulación de los precios del alquiler, que se ha demostrado «eficaz» en otros países y en Barcelona.

Finalmente, Unidas Podemos ha lamentado que se «plieguen a las presiones de la patronal inmobiliaria» y reclaman que los recursos públicos se inviertan en mejorar servicios públicos y «no vayan a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda».

Por tanto, la negociación sobre la futura Ley de Vivienda sigue encallada entre ambas formaciones en la cuestión nuclear de la regulación del precio del alquiler y pese a que en la última cita lograron avances para desplegar medidas que frenen desahucios de la población vulnerable.

IGLESIAS MARCÓ COMO OBJETIVO ESTA LEY ANTES DE SALIR DEL GOBIERNO

El aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, manifestó que se mantendría en el Ejecutivo hasta el inicio de la campaña electoral en Madrid con la intención de lograr aprobar la nueva normativa sobre vivienda, que incluya la regulación del precio del alquiler pese a las presiones de la patronal inmobiliaria.

Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.