Ribera afirma que la decisión sobre la OPA de Naturgy velará por los consumidores y la seguridad del sistema
Señala que IFM no es un fondo con un perfil cortoplacista y destaca que «es una buena noticia» el interés que existe por invertir en España
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «velará» en su decisión sobre la oferta presentada por el fondo IFM para hacerse con hasta un 22,69% del capital de Naturgy para que «todo funcione con completo respeto por los consumidores y por la seguridad del sistema energético», ya que es una operación sobre un sector y un empresa «absolutamente estratégicos».
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera afirmó que los ministerios implicados en la autorización de la operación -el suyo propio; Industria, Comercio y Turismo y Asuntos Económicos y Transformación Digital- están estudiando todo el expediente «para tomar la mejor decisión con todas las cautelas y garantías».
En todo caso, la ministra recordó que no es algo «infrecuente» que haya fondos con presencia significativa en el capital de empresas cotizadas y destacó que el perfil de la gestora de fondos y pensiones australiana IFM es el de un inversor que «aspira a inversiones estables y prolongadas en el tiempo». «No es el perfil de fondos de capital riesgo con comportamientos más cortoplacistas», dijo.
Además, puso en valor que, en operaciones como está, se está detectando que existe «una confianza en nuestra economía y un interés importante de inversores internacionales por invertir en nuestro país». «Y eso es una buena noticia», añadió.
El pasado 5 de febrero IFM presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy.
La operación, además del visto bueno de la CNMV, debe contar con la autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.
