El PP quiere incluir su plan de incentivos y licencias para el alquiler en los objetivos de la Agenda 2030
Lleva a votación su batería de medidas para aumentar la oferta que ya fue rechazada en la Cámara hace menos de un mes
El PP quiere incluir en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que depende de la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias, su plan de choque en materia de vivienda, dirigido a movilizar toda la oferta de vivienda y aumentar el parque de alquiler con una batería de incentivos fiscales, cambios normativos y la agilización de trámites.
Así figura en la moción registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los populares defenderán en el Pleno de la próxima semana. Esta iniciativa es consecuencia de la interpelación dirigida por su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, al propio Iglesias en la última sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.
Con la moción, el PP volverá a defender su plan de choque de medidas fiscales y administrativas para aumentar la oferta de vivienda, un plan ya rechazado el pasado 16 de febrero en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Entonces los populares pactaron una propuesta con Vox y Ciudadanos que fue rechazada por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu.
Respecto al texto defendido en Comisión, el PP incluye varias menciones para que estas medidas acaben recogidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, y también sustituyen el último punto, dirigido entonces a luchar contra la ocupación ilegal, particularmente de las viviendas sociales.
MEDIDAS PARA QUE LAS CC.AA. GARANTICEN ALTERNATIVA HABITACIONAL
En la moción que defenderá la próxima semana, el PP llama a completar de urgencia la regulación prevista en el decreto ley que preveía compensaciones a los propietarios de viviendas con inquilinos amenazados por un desahucio en situación de vulnerabilidad.
Estas compensaciones se preveían en caso de que las administraciones públicas no fueran capaces de facilitar una alternativa habitacional. Por ello, el PP urge a aprobar un decreto que defina las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a estas compensaciones.
MOVILIZAR VIVIENDA EN DESUSO Y CONSTRUIR MÁS
Respecto a la hoja de ruta dirigida a movilizar toda la oferta de vivienda y aumentar el parque de alquiler, en el PP llaman a incorporar con incentivos como seguros de alquiler o incentivos fiscales estos inmuebles vacíos y vacantes que se dedicaban al alquiler y aumentar las deducciones para los propietarios por el alquiler de vivienda para residencia habitual, especialmente a jóvenes o mayores de 65 años con bajos ingresos.
También abogan por aumentar las deducciones por inversiones en obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en viviendas de alquiler y fraccionar el pago del IVA para la compra de primera vivienda para incentivar la compra.
Junto a ello, el PP presenta una batería de propuestas para configurar un nuevo marco urbanístico y agilizar los trámites administrativos, y plantea reforzar la seguridad jurídica con una política de lucha contra la ocupación ilegal, particularmente de las viviendas sociales.
AGILIZAR TRÁMITES EN CONCESIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
En este sentido, el PP pide cambios normativos para agilizar el otorgamiento de licencias de obras «de manera inmediata» en «áreas tensionadas» para que «las obras que estén en construcción produzcan viviendas de rápida incorporación al mercado» y agilizar los cambios de uso que afecten a áreas destinadas a vivienda «sin modificaciones engorrosas de planes generales municipales».
Asimismo, propone reducir plazos en los procesos urbanísticos previos a la concesión de licencias de obras, permitiendo obtener todos los permisos en un solo acto administrativo y una Ley de Seguridad Jurídica del Planteamiento Urbanístico para «impedir la nulidad total del planteamiento y sus instrumentos de desarrollo».
Finalmente, llaman a «desbloquear» todo suelo patrimonio de las administraciones públicas que pueda estar destinado a vivienda social y convenios para incorporar vivienda construida en colaboración público-privada para su adjudicación como vivienda social o alquiler asequible en concurso público.