La Audiencia Provincial juzgará el miércoles al exalcalde de Astillero Carlos Cortina por prevaricación

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzgará a partir del miércoles, 17 de marzo, al exalcalde de Astillero Carlos Cortina (PP) por presunta prevaricación administrativa en la contratación de una trabajadora municipal, hechos por los que la Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El exregidor popular se enfrenta 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide el fiscal, que también le solicita que indemnice al Ayuntamiento con 98.749 euros a aportar, igualmente, junto a la empleada implicada, para la que interesa –por tráfico de influencias– un año de prisión y multa de 160.000 euros.

En su escrito de calificación, la Fiscalía señala que la acusada «se prevalió de la relación cercana y de proximidad que mantenía con el titular del Ayuntamiento de El Astillero, «gracias a su pertenencia al mismo partido político y por trabajar su hermana en el mismo desde hace años como persona de confianza del alcalde».

Explica el Ministerio Público que para «procurarla una ocupación laboral que le reportara beneficios económicos estables y seguros durante varios años» se llevaron a cabo una serie de conductas «que implicaron conseguir del erario público municipal un total de 98.749 euros».

Continúa el escrito señalando que ello sucedió «sin cualificación profesional adecuada en el ámbito administrativo, sin concurrir con otras personas de forma pública para la designación y atribución de funciones, y sin desempeñar un trabajo real y efectivo durante los meses de enero de 2007 y abril de 2010 que justifiquen tal menoscabo en el patrimonio municipal, cuya responsabilidad última competía al alcalde».

Así, la acusada giró 38 facturas «sin otro fundamento que la voluntad del alcalde, que –dice la Fiscalía– «antepuso su interés a la finalidad de servir con objetividad los intereses municipales, en perjuicio del erario público y con claro beneficio patrimonial de la otra acusada, quien realizó gestiones, entrevistas, organigramas y otras labores difusas sin competencia profesional y sin que puedan ser estimadas económicamente en 98.749 euros que percibió».

En abril de 2010 el interventor detectó la irregularidad y la relación inicial cesa, «siendo contratada sistemáticamente dada su vinculación con el responsable municipal desde el mismo junio de 2010 durante periodos de 6 meses por importe inferior a 18.000 euros a través del sistema de libre designación hasta el año 2015, en que cambia la titularidad del Ayuntamiento».

Los hechos constituyen según la fiscalía, un delito continuado deprevaricación y otro de tráfico de influencias.

El primero se imputa al que fuera alcalde y la pena solicitada asciende a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.El segundo de los delitos, el tráfico de influencias, se imputa a la acusada, para la que se pide un año de prisión y multa de 160.000 euros.

Además, la fiscalía solicita que ambos indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ayuntamiento de El Astillero en 98.749 euros.

DENUNCIA DE UN FUNCIONARIO

El que fuera regidor popular durante nueve años -2006 a 2015- se sentará en el banquillo de los acusados por esta causa, que surgió de la denuncia de un funcionario, a la que luego se sumaron PSOE e Izquierda Unida como acusación, por irregularidades en la contratación de la citada persona, «cercana al PP», y que según los denunciantes se habría llevado a cabo en contra del criterio del interventor y del secretario municipal y durante un largo periodo de tiempo, además.

La AP rechazó los recursos de apelación de ambos imputados y confirmó la imputación del Juzgado de Instrucción número tres de Santander, al considerar que se «ratifican los indicios de delito». Previamente, había mantenido la imputación acordada por el juez instructor al entender que «concurren indicios de una contratación arbitraria y contraria a la legalidad que exceden del ámbito de la mera irregularidad administrativa».

TRES DÉCADAS EN LA POLÍTICA

Carlos Cortina, que también había sido edil -en el gobierno local y en la oposición-, portavoz del grupo municipal y presidente del partido astillerenese, dejó la política en junio de 2018, cuando renunció a su acta de concejal y a la presidencia de la Junta Local del PP, después de haber dedicado 31 años a la política.

Fue un mes después de que los concejales populares Javier Fernández Soberón –que fue presidente de Nuevas Generaciones del partido y ahora es alcalde por Cs– y Bella Gallán decidieran darse de baja de la formación, abandonar el grupo municipal y continuar hasta el final de la legislatura como ediles no adscritos.

Cortina entró en el Ayuntamiento de Astillero en 1987, como concejal y número dos de Ignacio Diego, que fue presidente del PP cántabro y del Gobierno regional.

En 1995, con la victoria por mayoría absoluta de su partido, fue elegido teniente de alcalde, hasta que en noviembre de 2006 fue designado alcalde tras la dimisión de Diego.

En 2007 y 2011 revalidó la mayoría absoluta de su antecesor, en ambos casos con diez concejales, y en 2015 perdió cuatro y, con ello, la mayoría absoluta, pasando a la oposición con seis ediles ante el pacto entre PRC y PSOE para investir como alcalde al regionalista Francisco Ortiz.