Díaz no descarta «laboralizar» a otros trabajadores de plataformas, pero más adelante y con «sosiego»
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado este jueves satisfecha con el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para regularizar la situación de los repartidores, conocidos como riders , y no ha descartado que más adelante y «con un sosiego que ahora no se tiene» se intente «laboralizar» a los trabajadores de otras plataformas digitales.
«Es un deslinde muy quirúrgico. Hay actividades que sí podrían ser laborales, pero otras merecen un sosiego que no tenemos ahora», ha explicado la ministra, que ha añadido que hay margen para abordar esta cuestión en el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que el Gobierno quiere echar a rodar con la ayuda de los agentes sociales.
En rueda de prensa para explicar el acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme sobre la llamada Ley de Riders , la ministra ha señalado que, con esta norma «pionera en la Unión Europea, van a «emerger» miles de trabajadores asalariados, que experimentarán un «cambio radical» en su vida.
«A partir de este acuerdo miles de trabajadores serán laborales, gozarán de todos los derechos de las relaciones asalariadas, se cotizará por ellos y tendrán toda la cadena de protección social que ahora no tienen», ha subrayado la ministra, que ha añadido que, como trabajadores con una relación laboral, será la Inspección de Trabajo la que vele por el colectivo.
Con el acuerdo alcanzado con los agentes sociales se incorpora un nueva categoría de trabajadores a la legislación laboral, los repartidores de plataformas de delivery , que «estaban desprotegidos social y jurídicamente», ha apuntado la ministra.
Se añade pues una nueva disposición al Estatuto de los Trabajadores, de carácter declarativo, en la que se establece una «obviedad» ya dictaminada por los tribunales: que los riders son asalariados y no autónomos, no pudiendo elegirse la naturaleza jurídica de la relación laboral.
De esta forma, aunque los repartidores tienen desde ya la misma protección que los asalariados en virtud de varias sentencias, con la entrada en vigor de la norma no será necesario que demuestren ante los tribunales su relación laboral porque ésta se presume.
EL ACCESO A LOS ALGORITMOS, UNA MEDIDA «ÉPICA»
Junto a la «laboralización» de los repartidores, el acuerdo incluye una medida «épica», según la ha definido la ministra: la obligación de informar a los representantes de los trabajadores de los algoritmos de las plataformas digitales que afecten a las condiciones de trabajo y al acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
Esta obligación de información no sólo se exigirá a las plataformas de reparto de comida a domicilio, sino a todas las plataformas digitales, según ha resaltado la ministra, que ha precisado que con ello se podrán «neutralizar castigos algorítmicos» para, por ejemplo, los repartidores que trabajen en determinadas franjas horarias o que hagan huelga.
La norma, que irá al Consejo de Ministros una vez reciba los preceptivos informes, dará un plazo de 90 días a las plataformas para ajustar sus sistemas operativos a lo establecido en el texto.
Díaz ha insistido en que con esta norma no se regulan las plataformas, sino que se aborda la «laboralización» de una parte de los trabajadores, los que tienen que ver con el reparto de todo tipo de mercancías a través de fórmulas algorítmicas.
Preguntada por si las empresas podrán utilizar a las ETT para contratar repartidores, la ministra ha dicho que forma parte de la autonomía de cada empresa el buscar los fórmulas que considere para organizarse.
En el caso de que existan picos de demanda y que sea necesario incorporar más repartidores al servicio, Díaz ha indicado que, al igual que sucede por ejemplo con las rebajas, se tendrá que recurrir a fórmulas de contratación temporal.
La ministra ha subrayado que, con la puesta en marcha de la Ley de riders , «la más dura y larga» que ha tenido el Ministerio hasta ahora con los agentes sociales, el Gobierno da cumplimiento ya a cuatro de las 17 reformas comprometidas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.
