HRW alerta de que el decreto de amnistía permite la «impunidad» y pide en su lugar «revisar todos los casos»

Pude convertirse en «un sistema de justicia selectiva», denuncia la ONG

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que el decreto de amnistía e indulto aprobado por la Asamblea Legislativa de Bolivia permite la «impunidad» y «parece dirigido a favorecer a partidarios del Gobierno», al tiempo que ha pedido que, en su lugar, «se revisen todos los casos».

El decreto, entre otros aspectos, otorga una amnistía genérica o indulto a personas que fueron procesadas durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez por delitos que tengan «relación directa» con la «crisis política» desatada tras las elecciones de 2019, según el texto.

El partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa de la nación andina y líderes de la agrupación política han indicado que la medida se aplicará a sus partidarios.

Por ejemplo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, uno de los líderes del MAS, aseguró tras la aprobación del decreto que se aplicará a sus «hermanos» y «compañeros» que se opusieron al gobierno de la exmandataria.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha reconocido que «existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Áñez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas».

Sin embargo, según ha alertado, «otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio de igualdad ante la ley».

HRW ha aseverado que «la ambigüedad del lenguaje del decreto permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en los que se puede aplicar la amnistía o el indulto», lo que «resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo».

Como resultado, denuncia la ONG, «podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidos del MAS».

En referencia a los delitos cometidos durante los conflictos sociales registrados tras las elecciones, el decreto prevé el indulto a personas condenadas por delitos «que tengan relación directa» con los mismos, aunque no ofrece ninguna explicación sobre cuáles son esos delitos.

Otras partes del decreto, cuyo objetivo es «restablecer los derechos civiles y políticos» de aquellas personas procesadas, sugieren que cualquier persona que haya sido procesada durante el gobierno de la expresidenta Áñez por actos que hayan tenido lugar durante protestas sociales fue víctima de una violación de Derechos Humanos.

DESCONGESTIÓN DE LAS CÁRCELES BOLIVIANAS

Por otro lado, la legislación también concede amnistía e indulto a determinadas categorías de detenidos en respuesta a la pandemia de COVID-19 y para reducir la «grave» sobrepoblación en los centros penitenciarios, casos que no están vinculados con lo que el texto tilda de «persecución política».

A juicio de HRW, esta medida es «positiva», dado que el hacinamiento y las condiciones insalubres de los centros de detención bolivianos pueden facilitar la propagación de la pandemia, lo que cual constituye un riesgo para los reclusos, los funcionarios de estas instalaciones y la comunidad en general.

Según trasladó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales boliviano, César Siles, el decreto beneficiará a 3.180 presos en total. A los «perseguidos políticos» se les suman «víctimas de la retardación de la justicia», embarazadas, ancianos o personas con enfermedades crónicas o en estado terminal y progenitores o tutores con hijos menores de 12 años o con algún grado de discapacidad.

Por su parte, no se beneficiarán personas condenadas a más de diez años de prisión, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.

Siles detalló que las penitenciarías de la nación andina tienen capacidad para albergar a 6.765 personas, pero actualmente albergan a 17.863, por lo que el hacinamiento es del 167 por ciento. En el área urbana el porcentaje es del 189 por ciento y en el área rural del 86 por ciento.

«REVISAR TODOS LOS CASOS»

Por eso, a juicio de la organización, en vez de la amnistía, los fiscales y los jueces «deberían revisar todos los casos y retirar desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados».

Vivanco ha subrayado que el decreto «puede transformarse en un sistema de justicia selectiva, que permita al Gobierno conceder un amnistía a simpatizantes que han cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares».