El PSOE rechaza la iniciativa de Podemos e independentistas sobre lenguas por inconstitucional y buscar «confrontación»

PP, Cs y Vox también critican un texto que pide generalizar el uso del euskera, catalán o gallego en todo el país

El PSOE, por boca de su diputado catalán Marc Lamuá, ha tachado este martes de «inconstitucional» la iniciativa promovida por Unidas Podemos e independentistas en el Congreso en pro de la igualdad de todas las lenguas distintas del castellano, una propuesta que, según ha dicho, sólo busca «una confrontación estéril».

Un rechazo que, junto al del PP, Vox y Ciudadanos, hace indicar que el Pleno del Congreso echará por tierra este jueves la proposición no de ley que Unidas Podemos –uno de los socios del Gobierno–, los independentistas de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP, los nacionalistas del PNV y el BNG, así como Más País y Compromís, han llevado a debate del Pleno del Congreso.

Con esta iniciativa, los partidos firmantes buscan acabar con lo que consideran una «imposición legal del castellano» en España, reclamando para ello extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos y reconociendo nuevas como el asturiano o el aragonés.

LENGUAS COOFICIALES EN CONGRESO, RTVE Y TRIBUNALES

Se trata de una propuesta que nace a iniciativa de agentes culturales que trabajan a favor de la normalización lingüística de Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón o Asturias, cuyos representantes han acudido este martes a Madrid con intención de apoyar un texto que será votado en el Pleno del próximo jueves.

Durante la defensa de esta propuesta, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido apoyo para poner fin a los derechos lingüísticos que cada día, denuncia, se niega a un 45% de los españoles que viven en comunidades con lenguas propias porque, de lo contrario, «se estará interiorizando que España no es un Estado plurinacional y plurilingüe».

Tanto el PSOE como el PP han enmendado este texto, pero sus pretensiones no han sido suficientes para los promotores, algo que el diputado socialista Marc Lamuá ha lamentado.

EL CATALÁN NO ESTÁ EN PELIGRO

Durante su intervención en el Pleno, el diputado del PSC ha querido dejar claro que el catalán no está en peligro, pese a lo que considera «victimismo» de parte del independentismo catalán, y ha avisado de que algunos de los puntos de esta iniciativa «no tienen encaje» en la Constitución y que esa es la razón por la que su partido no puede apoyarla.

«Ustedes, si quieres ser políticos responsables, no pueden traer por la puerta de atrás puntos que requieren reformas constitucionales», ha señalado el parlamentario del PSOE, apuntando que no pueden pedir al Gobierno que haga «un salto mortal» y no actúe con acuerdo a la ley.

Ana Belén Vázquez, en nombre del PP, ha defendido la supervivencia y el futuro del gallego, el catalán o el euskera sin usarlas «como mecanismo de confrontación» pero también que el castellano se considere una «riqueza», y no una lengua ajena o «impuesta», y sobre todo que no se le «discrimine», como a su juicio ocurre en Cataluña.

Vázquez sostiene que los españoles tienen el derecho y el deber de conocer las lenguas cooficiales pero «sin imposiciones ni opresiones», sino con «un bilingüismo cordial y armónico» como el que defiende el PP.

Por parte de Vox, el diputado Antonio Salvá ha comenzado denostando que sea precisamente Bildu quien reclame derechos sin haber condenado las crímenes de la banda terrorista ETA –«es una broma de mal gusto», ha dicho– y, a renglón seguido, ha remarcado que «el único derecho» que se está conculcando en España es precisamente hablar en castellano que, a su juicio, se ha convertido en una «pesadilla» en «muchas» comunidades autónomas. «Basta ya», ha clamado.

EL CASTELLANO ES RIQUEZA, NO UNA IMPOSICIÓN

De su lado, en Ciudadanos, la diputada Marta Martín ha acusado a las fuerzas proponentes de pretender con esta iniciativa «atacar» el castellano, un idioma que, según ha recalcado, «no es una imposición legal sino una riqueza, con independencia de la lengua que se utilice luego».

Y ha añadido que si el castellano les «fastidia, y mucho», es porque «es el pilar esencial de lo que el país tiene en común». «Pero ustedes necesitan construir realidades paralelas para justificar sus intentos de llevarnos a Narnia», ha denunciado.

Desde Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero, ha acusado a los promotores de la iniciativa de «manosear políticamente» las lenguas cooficiales y ha pedido igualdad de oportunidades para los castellanohablantes en todo el territorio nacional

SE ESTÁN LIMITANDO DERECHOS

Por contra, las formaciones favorables a la iniciativa han coincidido en denunciar que actualmente se están limitando los derechos de los españoles que hablan una lengua distinta del castellano y que deben poder utilizarla para dirigirse a la administración general del Estado o la administración de Justicia, por ejemplo.

«No hay ni va a haber mayoría de progreso sin contar con los que defendemos la plurinacionalidad de los pueblos del Estado», ha avisado a sus socios del PSOE el diputado de En Comú Joan Mena. Además, ha apuntado que en las últimas elecciones catalanas el apoyo a los partidarios de una España uniforme» se redujo «a la mitad».

También Marta Rosique, de ERC, ha pedido al PSOE que no se deje llevar por la derecha y su «supremacía castellana» y que no permita que se sigan aplicando «medidas suaves» que buscan «acabar con las lenguas minoritarias y minorizadas». «No se extrañen si hay cada día más independentistas», ha advertido por su parte Genís Boadella del PDeCAT.

En representación del PNV, Joseba Aguirretxea ha lamentado la intervención del diputado socialista y a la diputada del PP le ha dicho que si Europa usara con el castellano el criterio que defiende su grupo con respecto al catalán, el gallego y el euskera, la nadie hablaría en las instituciones europeas la lengua mayoritaria en España.

El diputado de la CUP, Albert Botrán, ha criticado la «capa de monolingüismo» que algunos partidos quieren imponer, a su juicio, en todo el país y ha pedido «revisar los privilegios que tiene la lengua castellana».

UNA DEUDA CON LOS PIELES ROJAS

«Esta democracia tiene una deuda con los pieles rojas de este Estado», ha enfatizado Joan Baldoví, de Compromís. «Los verdaderos separatistas son los que no reconocen el derecho de la gente que hemos nacido aquí a vivir y sentir en nuestra propia lengua», ha dicho.

Por último, Néstor Rego, del BNG, ha acusado a quienes se oponen a la iniciativa de practicar el «supremacismo político y lingüístico» y ha exigido respeto para el 45% de los españoles que hablan una lengua distinta al castellano.

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