El Constitucional de Perú tumba un nuevo intento de Fujimori por salir de prisión
MADRID, 5
El Tribunal Constitucional de Perú ha rechazado este viernes un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) para su salida de la cárcel por motivos de salud, en la misma semana en la que la Fiscalía formalizó las acusaciones contra él por su responsabilidad en la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas durante su mandato.
«Se resuelve declarar improcedente el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de derecho contenido en el recurso carece de especial trascendencia constitucional», indica la sentencia el Alto Tribunal.
La solicitud había sido presentada por dos de los hijos del expresidente peruano, Hiro y Sachie Fujimori, en la que pedían su «inmediata libertad» de la prisión de Barbadillo, en donde cumple una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad, debido a su avanzada edad y problemas de salud ante la posibilidad de contraer el coronavirus.
Anteriormente la petición había sido presentada al Tribunal Supremo en mayor de 2020, pero también fue rechazada, por lo que en esta ocasión recurrieron al Constitucional, que también ha tomado la misma decisión de no permitir a Fujimori seguir cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario.
Fujimori y los tres ministros de Salud que tuvo durante sus diez años al frente de Casa de Pizarro –Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga– están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.
Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.
Actualmente, Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.
