Expertos en DDHH piden acabar con el «racismo medioambiental» del Corredor del Cáncer de Estados Unidos
Un grupo de expertos en Derechos Humanos ha reclamado este martes acabar con el «racismo medioambiental» de la franja petroquímica que se sitúa a lo largo del río Misisipi en el estado estadounidense de Luisiana, conocido como el Corredor del Cáncer , el cual constituye «una amenaza grave y desproporcionada» en el disfrute de varios derechos de los residentes de la zona.
Personas en su mayoría afroamericanas ven dañados derechos como el de igualdad y a la no discriminación, a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado debido a este cinturón industrial que ha contaminado el agua y el aire del entorno, según han denunciado los expertos e informa la ONU en un comunicado.
La franja, donde se obligaba a trabajar a esclavos africanos, ha provocado que varios de los vecinos sufran cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud, han lamentado los expertos, para criticar que las regulaciones medioambientales a nivel federal no han protegido a estos ciudadanos.
En 2018, se aprobó un proyecto para instalar una planta de producción de plásticos de la compañía taiwanesa Formosa Plastic Group, con la que la posibilidad de padecer cáncer «se duplicará con creces» para los residentes de la zona, según los expertos.
En paralelo, también se dio luz verde a la construcción de complejos de metanos por parte de las empresas YCO Methanol One y South Louisiana Methanol.
Tal y como han precisado los expertos, de acuerdo a datos de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, «el riesgo de cáncer en los distritos predominantemente afroamericanos en esa área podría situarse entre los 104 y 105 casos por millón, mientras que el peligro en otros distritos con población predominantemente blanca oscilaría entre el 60 y el 75 por millón».
De este modo, han alertado de que los nuevos complejos petroquímicos agravarán la contaminación del medioambiente y provocarán un impacto adverso desproporcionado en los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado y a la salud de las comunidades afroamericanas.
Los expertos también han mostrado su preocupación por las posibles violaciones de los derechos culturales de las comunidades afroamericanas de la zona, ya que la construcción de la planta de plástico «amenaza la destrucción de al menos cuatro cementerios de africanos esclavizados».
«Los descendientes de los afroamericanos esclavizados que en su día trabajaron la tierra son hoy las principales víctimas de la mortífera contaminación ambiental que han provocado en sus barrios estas plantas petroquímicas», han lamentado los expertos.
Por ello, han instado a Estados Unidos y al Consejo Parroquial de Saint James, que ha aprobado las nuevas prácticas, a reconocer esta situación y a indemnizar a estas personas debido a «los daños causados a los afrodescendientes durante siglos que tienen su origen en la esclavitud y el colonialismo».
Asimismo, han señalado a las empresas también como «responsables» y han urgido a que realicen las comprobaciones debidas como parte sus evaluaciones de impacto ambiental y de Derechos Humanos.
