Cs dice que el informe del Consejo de Estado confirma su temor a que Sánchez reparta los fondos europeos «a dedo»

Bal afirma que no le extraña que el Gobierno «ocultara» el dictamen porque es «demoledor» con su decreto

Ciudadanos ha afirmado que el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos confirma su temor a que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acabe repartiendo ese dinero «a dedo» entre «sus amigos», y por eso ha insistido en su demanda de que se cree una agencia independiente para administrarlos. Además, ha solicitado que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, dé explicaciones en el Congreso.

En el dictamen sobre el decreto, realizado el pasado 21 de diciembre y cuyo contenido el Consejo de Estado ha dado a conocer este lunes, este órgano muestra su «preocupación» por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha recordado que su partido ya advirtió de que «era una cacicada dejar los fondos europeos en manos de (Pedro) Sánchez y sin control» y «por eso ocultaron este informe que lo constata».

«PSOE, Podemos y Vox deben rectificar y aceptar nuestra propuesta de crear una agencia independiente para la gestión de los fondos», ha añadido Arrimadas sobre la propuesta que la formación naranja planteó como enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedente del decreto convalidado en diciembre por el Congreso.

Esa agencia independiente que defendía Ciudadanos fue rechazada por el Pleno de la Cámara Baja y a ello contribuyeron los votos de Vox, que previamente también había facilitado con su abstención que el decreto del Gobierno obtuviera el visto bueno del Congreso.

VOX COLABORA PARA ESA FALTA DE CONTROL DE LOS FONDOS

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Cs, Melisa Rodríguez, ha declarado en rueda de prensa que el informe del Consejo de Estado viene a respaldar la idea de su partido de que el decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre cómo se gestionarán los fondos europeos que reciba España tras la crisis del coronavirus «es una chapuza», principalmente por la «ausencia de control» en la asignación de los recursos públicos.

«Huele a ese tufillo de que algunos pretenden repartir el dinero a dedo y a sus amigos, sin controlar para qué va destinado y si la inversión ha sido rentable para la sociedad», ha señalado, incidiendo en la necesidad de crear una agencia independiente que fiscalice el uso de esas ayudas para garantizar que se invierten correctamente y que sean «una oportunidad para España», no solo para «los amigos de unos pocos».

Además, Rodríguez ha criticado la posición de Vox, pues cree que no puede afirmar que defiende que se controle el uso del dinero público cuando al mismo tiempo «está colaborando de manera directa, ya sin esconderse, con que Sánchez e Iglesias se lo asignen a aquellos que ellos quieren».

Posteriormente, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha incidido en este asunto en una rueda de prensa en la que ha destacado que el Consejo de Estado reprocha al Gobierno que no incorporase al expediente los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, encargada de verificar que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

RIESGO DE CASOS DE CORRUPCIÓN

Asimismo, el órgano asesor observa «graves insuficiencias» en el contenido de la memoria porque «se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario», se explica «en términos genéricos» la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar el decreto y no se alude a que «no pocas previsiones» de la norma «resultan de aplicación exclusivamente al sector público estatal».

Bal ha dicho que le parece especialmente grave la falta de un análisis sobre el impacto presupuestario del decreto y que «a ver qué pasa con la legalidad del decreto» si el Tribunal Constitucional lo examina y ve que carece de memoria económica.

Otra de las cuestiones que ha resaltado del informe es la crítica a que en el decreto se admita la modificación de los contratos de obra y que se relajen o restrinjan las medidas de supervisión de los proyectos y la responsabilidad de quienes los han elaborado, pues «una de las formas a través de las cuales se produce la corrupción en la contratación pública es a través de los contratos modificados».

CRITERIOS TÉCNICOS, CONTROLES Y AUDITORÍA POSTERIOR

Por último, el diputado ha subrayado que, al igual que ha hecho Ciudadanos, el Consejo de Estado subraya la necesidad de dotar de medios materiales y personales a la Administración Pública para poder ejecutar la gran cantidad de fondos que recibirá España y también recuerda que la Comisión Europea vigilará que haya una correcta gestión y ejecución de los mismos y que por eso no hay que eliminar los controles.

Bal considera que el Gobierno no incorporó al decreto las recomendaciones del Consejo de Estado, como había asegurado, y espera que, en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, haga las modificaciones necesarias para que en la adjudicación de los fondos «imperen criterios técnicos, no políticos», se establezcan controles a través de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas y se haga una auditoría a posteriori de la ejecución del gasto.

«Si no, nos encontraremos ante un serio problema, porque la Comisión Europea podrá determinar que no estamos invirtiendo correctamente estos fondos y suprimirlos para ejercicios posteriores», ha avisado.

En conclusión, el portavoz parlamentario de Cs ha indicado que el informe del Consejo de Estado es «demoledor» con el decreto, como ya avisó su partido, y que da, por unanimidad de sus miembros, «un suspenso rotundo» para el Ejecutivo.

Por este motivo, «no nos extraña que el Gobierno lo haya ocultado», ha concluido, añadiendo que Calvo debe comparecer en la Comisión de Constitucional de la Cámara Baja para explicar por qué, en vez de ser «transparentes», decidieron «meter el dictamen en un cajón».