La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un incremento de los «procesamientos infundados con largas condenas de prisión» para uigures y musulmanes en la región china de Xinjiang en los últimos años, con más de 250.000 personas sentenciadas desde 2016.

Fue en 2016 cuando el Gobierno intensificó «su represiva Campaña de Golpe Duro contra el Terrorismo Violento , señala la organización, que ha analizado casi 60 de estos casos para concluir que «muchas personas han sido condenadas y encarceladas sin haber cometido un verdadero delito».

Esta investigación, no obstante, ha sido complicada ya que pocos son los veredictos y documentos oficiales disponibles públicamente debido al «estricto control de la información por parte de las autoridades de Xianjiang».

La investigadora principal de Human Rights Watch sobre China, Maya Wang, ha señalado que, si bien, el uso de campos de «educación política» por parte del Gobierno chino ha provocado la «indignación internacional», la detención y el encarcelamiento de los musulmanes de Xinjiang por parte del sistema de justicia formal «ha atraído mucha menos atención».

Las estadísticas oficiales de las autoridades chinas muestran un aumento dramático en el número de personas condenadas en Xinjiang en 2017, seguido de otro aumento en 2018, mientras que no han publicado las estadísticas de condenas de 2019, aunque una estimación de una ONG señala que la cifra de ese año podría ser superior a la de los dos anteriores combinadas.

Según HRW, la campaña Strike Hard llevada a cabo por el gobierno de Xinjiang tiene como objetivo el «virus ideológico» de los musulmanes turcos, las ideas religiosas y políticas que no se ajustan a las prescritas por el Estado, como el panislamismo.

Además, esta campaña implica «la vigilancia masiva y el adoctrinamiento político de toda la población», al ser evaluados los pensamientos, el comportamiento y las relaciones de las personas basándose en criterios «falsos y amplios» para determinar su curso de «corrección».

Las personas cuyas transgresiones las autoridades consideran «leves» son recluidas en campos de educación política o sometidas a otras formas de restricción de movimientos, incluido el arresto domiciliario, mientras que los casos más graves se procesan en el sistema de justicia penal formal.

Ante esta situación, «hay que intensificar la presión internacional sobre el Gobierno chino para que se lleve a cabo una investigación independiente en Xinjiang», ha urgido Wang, al considerar que es «la mejor esperanza para la liberación de todos los detenidos o encarcelados injustamente».