El Gobierno afirma que hizo «sus deberes» para ayudar a Abengoa y culpa a la banca y la Junta de Andalucía

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que el Gobierno de España ha hecho «sus deberes y tareas» para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa y ha asegurado que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen «que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso» que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero subrayó que el Gobierno ha apoyado «en todo momento» a Abengoa y siempre ha «tendido la mano» a la compañía para «llevar a buen puerto una difícil situación» agravada por la crisis del Covid-19, estando dispuesto a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y CESCE.

Por ello, aseguró que la propia compañía ha explicado en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los motivos por los que no ha podido completar la operación, que «básicamente» se han debido a la falta de un mayor plazo por las entidades financieras, «circunstancia a la que no han accedido», y a la condición de la aportación al plan de rescate de 20 millones por la Junta de Andalucía, «que no se llegó a materializar y que era una cantidad infinitamente inferior a la que el propio Gobierno de España quería plantear», dijo.

«Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteado», afirmó Montero, advirtiendo de que «no es una valoración del Gobierno, sino que la lectura detenido del hecho relevante de la compañía puede hacer llegar a estas mismas conclusiones».

«EL CONCURSO NO IMPLICA NECESARIAMENTE UNA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA».

No obstante, la portavoz del Gobierno dio todo su ánimo» a la empresa y al administrador concursal para que, «en la medida de lo posible los puestos de trabajo se puedan preservar».

«Evidentemente todavía queda camino por recorrer, el hecho de presentar el concurso no tiene que implicar necesariamente que se vaya a producir una liquidación definitiva de la empresa, ojalá el administrador tenga capacidad de buscar un nuevo inversor que se pueda aprovechar del talento y el know how que una de las empresas de ingeniería mas importante del país y la más importante de Andalucía ha aportado en los últimos años», añadió.

SOLICITUD DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES.

Este lunes, Abengoa solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores tras no lograr que los acreedores financieros le otorgaran los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

El pasado 6 de agosto, el grupo había alcanzado un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan -denominado Vellocino – estaba previsto que pasará a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19.

Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales revolving a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.

El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones de euros adicionales que no se terminó nunca de concretar y que, así, vio este lunes como se ponía fin a las prórrogas que venía ganando en su carrera por un nuevo salvamento.

La deuda financiera a cierre de 2019 de Abengoa, último ejercicio con datos reportados por la compañía -que lo hizo hace apenas una semana con casi un año de retraso- ascendía a 4.783 millones de euros, aunque se elevaba hasta casi 6.000 millones si se tenían en cuenta 1.165 millones de euros correspondientes a deuda de proyectos en venta.

El grupo ya esquivó en 2017 el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros.

A cierre de 2019, la plantilla de la compañía en el Mundo superaba los 14.000 empleados, con en torno al 18% de ellos, unos 2.578 trabajadores, en España.