Belarra (Podemos) avisa al PSOE de que se comprometió a regular el precio del alquiler: «Lo pactado obliga»

Responden a las palabras de Ábalos rechazando el control de precios en la futura Ley de Vivienda y abogando por incentivos fiscales

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado al PSOE que ambas formaciones acordaron regular el precio del alquiler a través de la nueva Ley de Vivienda y que, en consecuencia, «lo pactado obliga».

Así lo ha indicado en Twitter después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, haya rechazado este lunes el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, al apostar por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Belarra, quien encabeza las negociaciones desde el ala morada del Ejecutivo con el departamento de Ábalos para la nueva ley, ha reproducido una parte del acuerdo que alcanzaron Unidas Podemos y PSOE para el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en el que ambas formaciones se comprometían a «regular la contención de rentas del alquiler en la Ley de Vivienda».

EL PLAZO ESTÁ A PUNTO DE VENCER

La semana pasada Unidas Podemos reprochó a su socio que continuara «sin hacer una propuesta» sobre la regulación del precio del alquiler, una medida acordada por ambas partes, cuando se está a punto de cumplir el plazo dado para llevar la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros.

También afearon, según explicaron a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, que el PSOE siga también «sin propuesta» en materia de prohibición de desahucios, control de precios del alquiler y obligaciones para los grandes propietarios.

Precisamente el pasado jueves los equipos de la Vicepresidencia segunda, representada por Belarra, y del Ministerio de Transportes, encabezado por el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda David Lucas, retomaron las negociaciones sobre la ley, dado que los contactos se congelaron por las elecciones catalanas del 14 de febrero.

YA RECRIMINARON AL PSOE SU CERCANÍA CON LA PATRONAL INMOBILIARIA

El encuentro no fue satisfactorio para Unidas Podemos. Y es reprocharon que, a pesar de que acordó llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros antes de que finalice febrero, el equipo del ministro José Luis Ábalos «todavía concretó por escrito cuál es su posición entorno a los temas clave para los morados».

De hecho, recriminaron que el PSOE parece «muy próximo» es sus planteamientos a los de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que dirige el exministro Joan Clos, y al sector inmobiliario.

PSOE y Unidas Podemos ya enfocaban la reactivación de los contactos sobre la Ley de Vivienda con posiciones alejadas que, por el momento, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato.

POSTURAS ALEJADAS QUE DIFICULTAN EL CONSENSO

Ábalos ha reconocido hoy que, en materia de «intervención de los precios» ambas formaciones tienen «dos concepciones distintas» y, en su caso, consideran «más positivo y eficaz promover que no imponer».

«Lógicamente, los más ocurrentes son los fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer», ha explicado el ministro titular de las competencias de Vivienda, que ha advertido de que, con el control de precios, «puede haber una detracción del mercado» en la que «muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa».

Mientras, Unidas Podemos apuesta por fijar la figura de gran tenedor a cinco o más viviendas (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

En la formación morada han insistido en diversas ocasiones que su lealtad se debe al acuerdo de coalición y deslizaron que, sin su presencia, los socialistas ya se habrían desviado de este acuerdo. Por tanto, reivindicaron su figura de garantes de los compromisos suscritos.

Además, la materia es una de las principales apuestas, como coproponentes de la normativa, para lograr garantizar este derecho constitucional y hacer corresponsables a los grandes propietarios de pisos de la función social que deben tener los inmuebles.