La ONU pide apoyo para que los más vulnerables en Burkina Faso puedan «reiniciar sus vidas»

El llamamiento humanitario para 2021 ronda los 500 millones de euros y deriva de una crisis de desplazamiento «masiva»

Burkina Faso atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, que bebe de los mismas debilidades que azotan a otros países del Sahel y que tiene como principal exponente una crisis de desplazamiento «masiva». El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Ramesh Rajasingham, pide ayuda a la comunidad internacional para que estas personas puedan «reiniciar sus vidas».

Los agentes humanitarios han solicitado para 2021 607 millones de dólares (alrededor de 500 millones de euros), un dato que supera ampliamente la cantidad requerida hace un año y que aspira a aliviar la situación de 2,9 millones de personas.

Por una parte, la violencia ha provocado más de un millón de desplazados en solo dos años y ha elevado a 3,5 millones el total de personas necesitadas de ayuda, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). A la actividad de grupos islamistas se ha sumado la violencia intercomunitaria, que enfrenta principalmente a pastores con agricultores.

Además, pese a las lluvias de 2020, la inseguridad alimentaria y la desnutrición también se mantienen en niveles «alarmantes», especialmente en las zonas afectadas por la inseguridad como son las del norte y el este. Tal es así que en dos provincias hay ya 11.000 personas en riesgo de entrar en una situación de hambruna.

Rajasingham explica en una entrevista a Europa Press que «la historia (de Burkia Faso) es muy similar a la de otras partes del Sahel» y en ella se entremezclan cuestiones relativas a la seguridad y también efectos derivados del cambio climático, que se ceban especialmente con quienes dependen de la agricultura o la ganadería para subsistir.

Esta combinación de factores ha derivado en un «desplazamiento masivo», de gente que «ha perdido sus casas, sus ganados, su forma de vida» y que, ahora, «dependen completamente de la asistencia humanitaria». En este sentido, el responsable de la ONU ha insistido en que se trata de «personas que no pueden valerse por sí mismas» y cuya vida pende de un hilo.

Rajasingham visitó este mes Burkina Faso, donde comprobó de primera mano la situación en puntos calientes como Gibo, donde una comunidad de apenas 50.000 personas –y «no muy rica»– ha tenido que adaptarse a la llegada de 150.000 desplazados.

«Nunca me había encontrado con cifras así para una comunidad de acogida», en la que los desplazados superasen «tres a uno» a los residentes de la zona, señala Rajasingham, que reconoce la «enorme generosidad» con la que Gibo ha respondido a los recién llegados pese a sus «recursos limitados».

PROBLEMAS A LARGO PLAZO

Los programas planteados por la ONU aspiran también a paliar los efectos colaterales del desplazamiento, tanto sobre las comunidades de acogida como sobre los propios desplazados, que no solo requieren de un canal de simple supervivencia. Rajasingham avisa del riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia sexual o el «impacto a largo plazo» que supone frenar de golpe la educación.

La pandemia de COVID-19 tampoco ayuda en lugares donde «mantener la distancia social es muy difícil», con tiendas donde pueden agolparse decenas de personas. Burkina Faso tiene registrados más de 11.000 casos de coronavirus y más de un centenar de fallecidos –según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de la Unión Africana, pero Rajasingham señala que tanto su capacidad de realizar pruebas como de atención sanitaria es «débil».

En este sentido, reconoce que, al igual que en otros países de la zona, la COVID-19 «está teniendo un impacto masivo en Burkina Faso» y, en el caso concreto de los campamentos de desplazados, se intenta que al menos «estén al tanto de los riesgos». Las campañas de información «están funcionando muy bien», según Rajasingham, que incluye también entre los trabajos de ayuda el reparto de mascarillas.

En términos de higiene y saneamiento, apunte que los actores humanitarios están haciendo «un gran trabajo» e intentan, «donde sea posible, dar apoyo a infraestructura local». El responsable de la ONU cita como ejemplo de buenas prácticas un proyecto de agua que él mismo vio y que, tras ser construido inicialmente para los desplazados, se amplió con medios más sofisticados hasta terminar conectado a la red local.

LA SEGURIDAD NO LO ES TODO

Burkina Faso es uno de los países aglutinados en el G5 Sahel, una alianza regional que celebró a principios de esta semana una reunión abierta también a otros actores internacionales. El foro terminó dominado por los mensajes en materia de seguridad, en función de los compromisos militares anunciados por los distintas partes implicadas –también desde Europa–.

La seguridad «es una gran preocupación», dice Rajasingham. «Si quieres lograr mejoras, sin duda hay que mejorar la seguridad», pero también es necesario garantizar que las personas vulnerables puedan «recoger los trozos de su vida y recuperar el sustento», agrega.

Así, señala que cualquier mensaje en términos de seguridad debe ir «de la mano» con programas de desarrollo, por ejemplo teniendo en cuenta «el impacto futuro» del cambio climático, que ya se está notando con climas más inestables que oscilan desde las sequías duraderas a las lluvias masivas en gran parte de África.

Rajasingham, que aboga por una visión a largo plazo, reconoce no obstante que cualquier labor futura depende de lo que se pueda hacer ahora. «Si no podemos apoyarlos hoy, cualquier programa que hagamos mañana no funcionara», subraya.