Uribe tilda de «sesgadas» las nuevas cifras de la JEP sobre los falsos positivos durante su gobierno
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) ha valorado que la revisión de las cifras sobre los falsos positivos elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son «sesgadas», tras conocerse que la mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales se realizaron en sus primeros seis años de gobierno.
«Siempre actué en favor de los Derechos Humanos. El propósito es el de desacreditar para cambiar la imagen de seguridad democrática y el gobierno que presidí», ha defendido Uribe durante un diálogo con la emisora Caracol Radio, en la que ha acusado a la JEP de «sesgo ideológico» y de haber sido «impuesta» por la disuelta guerrilla de las FARC.
Esta semana, la JEP cifró en hasta 6.402 los falsos positivos –asesinatos de civiles por parte del Ejército para hacerles pasar por guerrilleros– ocurridos en Colombia desde 1988, un recuento que supera los 2.248 que había asegurado la Fiscalía que se habían producido.
«Por supuesto que hubo falsos positivos y las personas responsables están presos», ha subrayado Uribe, quien ha precisado que una treintena de militares fueron destituidos «por fallas en los protocolos» cuando él estaba al frente de Casa Nariño.
Uribe, investigado por sus vínculos con los paramilitares, ha calificado de «show» los trabajos de recuperación que la JEP está llevando a cabo para la exhumación de los retos mortales de los civiles asesinados en uno de los cementerios del municipio colombiano de Dabeiba, en donde ya se han recuperado más de medio centenar de cuerpos.
«Es un show lo que ocurre en el cementerio de Dabeiba», ha dicho Uribe, argumentando que la JEP ha utilizado ese camposanto, en el que ya han sido exhumados más de medio centenar de civiles y campesinos ejecutados, para asegurar que uno de los últimos cuerpos encontrados no es de falso positivo y sí de combatientes «dados de baja» en enfrentamientos con el Ejército.
Durante su entrevista, Uribe ha sido cuestionado acerca de una directriz firmada en 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, por la cual se incentivaba económicamente la delación, e incluso las bajas de guerrilleros, y que la JEP calificó de una medidas «perversas» que explicarían este aumento de asesinatos bajo su gobierno.
«Eso nunca se aplicó. Yo tuve cinco ministros de Defensa, ninguno escogido por ser amigo personal, sino por ser ciudadanos ejemplares. Ellos y los altos mandos militares son testigos de que no he dado nunca mal ejemplo de palabra o de obra», ha dicho.
Uribe ha cuestionado la parcialidad de la JEP asegurando además que las informaciones están sustentadas por «datos sesgados de las ONG» y por «corporaciones para la defensa de los presos políticos, cuyo rango ideológico es conocido».
«Aquí lo que hay es un propósito de decir que las Fuerzas Armadas de Colombia eran unos violadores de Derechos Humanos», ha insistido Uribe, para quien es necesario al menos una reforma de la JEP, aunque sin descartar su posible derogación tampoco.