Las ONG acusan a Giammattei de limitar la libertad de prensa en Guatemala
El primer año en el poder del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha estado marcado por el hostigamiento a los medios, un acceso limitado a la información e investigaciones deficientes de los ataques contra la prensa, según Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), que atribuyen a las autoridades «una retórica beligerante» y «acusaciones falsas».
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha lamentado que, «desde que asumió hace un año, el Gobierno de Giammattei ha actuado con hostilidad hacia los medios, incluso limitando selectivamente su acceso a información importante sobre salud pública».
Según las dos ONG, los «ataques verbales» se han intensificado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que ha derivado también en una restricción de acceso a la información sanitaria. «Una prensa libre y el acceso oportuno a la información son fundamentales para abordar efectivamente la pandemia», ha recordado Vivanco en un comunicado.
HRW y el CPJ han constatado que los guatemaltecos han tenido un acceso limitado a la información sobre las medidas adoptadas y los contagios. Según relatan los propios periodistas, que admiten una ligera mejora de las comunicaciones en los últimos meses, el Ejecutivo dejó de ofrecer balances diarios a principios de abril y expulsó a varios periodistas de un chat de WhatsApp utilizado para compartir datos, según las autoridades porque reclamaban informaciones privadas.
Las ONG también han confirmado, a raíz de la pandemia, amenazas y hostigamientos de autoridades y fuerzas de seguridad contra periodistas, que se sumarían a los casos de arresto, robos o malos tratos a informadores que cubrían manifestaciones o intentaban investigar presuntas tramas de corrupción.
La coordinadora de programas de América Central y del Sur del CPJ, Natalie Southwick, ha subrayado que «el Gobierno de Guatemala debe brindar la información precisa y oportuna necesaria para la protección y promoción de derechos fundamentales, y garantizar el derecho de los periodistas que cubren la pandemia y acontecimientos políticos a trabajar de manera segura».
«En lugar de hostigar a periodistas o de limitar su trabajo, las autoridades deberían concentrarse en investigar las amenazas contra la prensa, proporcionar información de salud pública esencial y permitir que los periodistas trabajen», ha señalado.
El Comité ya concluyó hace un año que las autoridades no habían investigado situaciones de violencia o amenazas sufridas por periodistas ni tampoco había ofrecido protección adecuada. El aviso se repite ahora y, entre las recomendaciones planteadas por las organizaciones, figura dotar a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de recursos y personal, ya que está «totalmente sobrepasada de trabajo».
