PSOE y Podemos reactivarán la negociación de la nueva Ley de Vivienda con posiciones alejadas para lograr consenso

La regulación del precio del alquiler, aumentar la vivienda pública y las fórmulas para impulsar el alquiler social centran el debate

El PSOE y Unidas Podemos se preparan para reactivar las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda tras las elecciones del 14F con posiciones alejadas que, por el momento, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato.

Las negociaciones entre ambos socios del Gobierno quedaron congeladas por los comicios catalanes y ya entonces se mostraron las «discrepancias sustanciales» por el rumbo que adoptaron los primeros contactos entre los equipos que encabezan la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

Ahora, una vez pasada estas elecciones, la previsión de las dos partes del Ejecutivo es volver a retomar los contactos de forma inmediata de la primera Ley de Vivienda de carácter estatal de la historia, según indican a Europa Press en fuentes solventes.

El cronograma fijado en octubre establecía que el texto debía estar listo en tres meses para su paso al Consejo de Ministros y que llegara al Congreso un mes más tarde. Este jueves habrá una rueda de prensa de medio centenar de organizaciones que presionarán al PSOE para que cumpla «sus promesas» en esta normativa, al entender que el ala socialista «flaquea» ante las «presiones» de patronales como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).

REGULACIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER

PSOE y Unidas Podemos acordaron en su pacto de gobierno, y posteriormente refrendado en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado, desarrollar dentro de esta ley la regulación de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionadas, de cara a poder bajar los precios.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió que el control de los precios de alquiler se va a llevar a cabo «oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».

Hoy el Ministerio de Transportes, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Sareb han firmado un protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas por el que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales un total de 5.000 nuevas viviendas a corto plazo y que se ampliará hasta 10.000 en el medio plazo.

PODEMOS TEME POCA AMBICIÓN

Pero lo cierto es que en Unidas Podemos recelan del planteamiento del PSOE y ya dejaron claro que no iban a sucumbir a presiones de la patronal inmobiliaria. El propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo manifestó hace un par de semanas.

En el ala morado del Ejecutivo manifestaron también su temor a que la propuesta de Transportes fuera poco ambiciosa y que se podría limitar a un modelo basado solo en incentivos, similar al desplegado en Portugal. Esa estrategia no satisface a Unidas Podemos, que apunta a que dicho sistema «ha fracasado» a la hora de regular el alquiler y bajar precios.

Por tanto, es partidario de reflejar en la ley obligaciones para los grandes propietarios, que deben ser «corresponsables» a la hora de garantizar la función social de la vivienda.

Ya han trasladado varias medidas para su inclusión en la nueva Ley de Vivienda, como fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

En el socio minoritario ya apuntaron que puede haber tensión e incluso riesgo de que no haya consenso en esta materia si la propuesta se aleja del acuerdo de gobierno, donde depositan su lealtad a la hora de negociar. Y es que reivindican que el acuerdo de coalición detalla taxativamente regular el precio del alquiler y potenciar el alquiler social.

Pero además está el papel que debe jugar el denominado bloque de investidura para sacar adelante la ley en el Congreso, dado que ERC o EH Bildu se han posicionado en varias ocasiones próximos a los planteamientos de Unidas Podemos, como se pudo comprobar con la enmienda a los presupuestos para prohibir los desahucios, aunque luego fue retirada. De este modo, un texto pactado facilitaría el trámite favorable en el Parlamento.