El Parlamento de Cantabria rechaza el veto a la caza del lobo y pide «diálogo»

Defiende consensuar una nueva estrategia nacional antes de incluir al lobo como especie de especial protección

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria han coincidido en pedir al Ministerio de Transición Ecológica «rectificar» la inclusión del lobo como especie protegida y buscar «diálogo» y «consenso» con todos los sectores y comunidades afectadas para no reabrir la «guerra civil» que ya hubo en la región hace unos años entre ganaderos y Administración por este mismo asunto.

El conflicto se solucionó en 2019 con el plan de gestión del lobo de Cantabria, una herramienta que ha defendido la Cámara de forma unánime porque «no busca acabar con la especie», sino regular su población para que haya un «equilibrio» que permita la «convivencia» entre la especie y la actividad ganadera.

Así lo han dicho los portavoces de todos los partidos tras la comparecencia del consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), a quien han trasladado su «apoyo» en torno a la postura que está defendiendo ante el Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico en contra de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Oficial (LESPRE).

Y es que todos han considerado el control poblacional del lobo «fundamental» para la supervivencia de la ganadería y en consecuencia del medio rural y la lucha contra el despoblamiento, que también ocupa al mismo Ministerio.

También han coincidido en que el Ministerio ha tomado la decisión en «circunstancias dudosas», ya que ha salido adelante con el voto de comunidades que «nada tienen que ver con lobos», por petición de una entidad «radical» como la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y sin haber consensuado previamente un plan nacional de gestión de la especie.

Por ello, han lamentado la «falta de diálogo» del Ministerio y que haya aprobado con su voto la decisión -ante el empate de las comunidades a favor y en contra-, involucrándose como «juez y parte» y «olvidándose del papel de coordinación que tiene que tener».

Igualmente, la mayoría han puesto de relieve que el lobo «no está en peligro» y que, por el contrario, su población se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, además no se tienen datos concretos de su censo.

Además, tal y como ha dicho el consejero en su comparecencia, los ganaderos «no quieren» las indemnizaciones por los daños que causa el lobo y el problema «no se soluciona con dinero», por lo que ha calificado como «un insulto» que el Ministerio ofrezca mayor dotación económica para ayudas o incentivos, que además «pretende sacar» de la Política Agraria Común (PAC), en detrimento de otras subvenciones para ganaderos de zonas donde no hay lobos.

Para Blanco, el Gobierno central «todavía está a tiempo de rectificar», aunque ha señalado que en la reunión que mantuvo ayer el Ministerio con las cuatro comunidades que aglutinan el 95% de la población de lobos -Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León- no fue «todo lo clara que podríamos esperar» y «no obtuvimos un compromiso firme para empezar la casa por los cimientos y no por el tejado», es decir, comenzando por un plan de gestión.

Ha asegurado que el Ministerio «no tiene datos» ni argumentos que justifiquen dar protección al lobo y que por tanto lo hace «por razones estrictamente políticas e ideológicas».

También ha señalado circunstancias «extraordinarias» que se dieron en la reunión entre comunidades y Estado en la que se aprobó la inclusión del lobo en el Lespre, como que la presidiera el secretario de Estado Hugo Morán en lugar del director general de Biodiversidad, Jorge Marquinez, y otras cuestiones «inéditas» que están siendo estudiadas por los servicios jurídicos para solicitar la posible nulidad de la decisión.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria «va a pelear hasta las últimas consecuencias para que el Ministerio reconsidere su postura» y, en caso de que no lo haga, recurriendo a «todas las instancias judiciales» para revertir esa medida y para que losresponsables de la misma asuman todas las consecuencias que se deriven de la misma.

También ha informado de la reciente creación del Comité Técnico del Lobo Ibérico en el Noroeste de la Península Ibérica con el fin de que Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León coordinen las medidas de gestión, que en desarrollo de sus respectivos planes y de cara a una futura Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión de esta especie, vayan a llevar a cabo en sus respectivas comunidades «desde la colaboración, la cooperación y el consenso» y abiertos a la incorporación de otras comunidades.

APOYO DE TODOS LOS GRUPOS

Incluso la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, que comparte partido con la ministra del área, Teresa Ribera, ha destacado que la postura «clara» del partido en Cantabria es defender una gestión «racional» del lobo, garantizando los intereses del sector ganadero y la protección de la especie.

Así, y aunque su posicionamiento en contra no ha sido tan radical como el resto de grupos, ya que ha defendido otras intenciones del Gobierno central como la reducción de la persecución ilegal del lobo, la socialista ha apostado por la «coexistencia» y por el diálogo entre Estado, comunidades, ganaderos, asociaciones, técnicos, etcétera.

Más contundente ha sido la portavoz del PRC -socio del PSOE en el Gobierno de Cantabria-, Ana Obregón, que ha pedido a los socialistas que reclamen a su partido en Madrid que «asuma sus postulados en Cantabria».

La regionalista ha lamentado que los ganaderos tendrán que volver a «dar de comer al lobo» y que se «reaviva una amenaza muy importante» para el medio rural, el paisaje, el riesgo de incendios, la ganadería y la despoblación, y sin embargo el Ministerio hasta la reunión de este martes «no se había dignado a escuchar» a las cuatro comunidades que aglutinan el 95% de su población -Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León-.

Lo mismo han defendido los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos (Cs) y Vox-, señalando que la especie «ya está protegida» en la región con el plan de gestión y que sí «hay una especie en extinción, pero no el lobo» sino el ganadero.

Por eso, el popular Pedro Gómez ha pedido al presidente del Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, que amenace al Ejecutivo central con romper el pacto de Gobierno con el PSOE si finalmente se protege al lobo, lo que considera un «ataque sin precedentes» al medio rural.

También lo ha señalado así la portavoz de Cs, Marta García, que ha dicho que la ministra ha «traicionado de la manera más ruin y miserable al mundo rural» y lo único que ha logrado es poner «en pie de guerra» a los ganaderos desde un despacho de Madrid» para «contentar a cuatro vividores». Por ello ha pedido al vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, «que ejerza de vicepresidente y deje de bailarle el agua a Pedro Sánchez».

Por último, desde Vox Cristóbal Palacio ha puesto de relieve la necesidad de hacer un estudio real sobre el censo de lobos en lugar de estimaciones y ha añadido que los ganaderos «no ven al lobo como un enemigo», pero necesitan medidas para una «coexistencia», ya que que la «sobreprotección» provocará su «extinción».