Todos los grupos se comprometen a pedir la dimisión de políticos que se salten el protocolo de vacunación

El consejero de Sanidad asegura que todas las restricciones Covid se sustentan en informes elaborados por técnicos

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado este lunes una iniciativa presentada por Ciudadanos (Cs) para que todos los grupos se comprometan a cesar o exigir la dimisión de los políticos que se salten el protocolo de vacunación contra el Covid-19.

Todos los partidos se han mostrado de acuerdo con «el fondo» de la propuesta, llevada a la sesión en forma de proposición no de ley (PNL), pero PRC y PSOE, grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria, han discrepado con que se centrara solo en la clase política, considerando una «forma de demonizarla y discriminarla».

Por ello, habían presentado una enmienda de sustitución para «avanzar mucho más en la petición de compromiso» con la vacunación y «no circunscribirla» solo a los políticos, sino también a formaciones sociales, económicas, sindicales o cualquier otro organismo u organización con presencia institucional, pero Cs la ha rechazado.

Regionalistas y socialistas se han mostrado de acuerdo con que se «señale la puerta de salida» a los cargos que se vacunen antes de que les llegue el turno, pero «no les parece justo» que el compromiso se plantee solo desde el ámbito político.

Así, la diputada del PRC Ana Obregón ha reconocido que «desaprovechar cualquier dosis puede ser de vida o muerte» y que «el problema es gravísimo y una forma de corrupción», pero también ha opinado que «la responsabilidad de luchar contra el Covid es compartida» y que los políticos deben «generar confianza y no descrédito», por lo que ha instado a «no hacer extensivo» a toda la clase política lo que han hecho «unos pocos».

Lo mismo ha señalado la socialista Noelia Cobo, que ha manifestado que «los tramposos existen en todos los ámbitos». «Me niego a admitir que es problema de quienes se cuelan en la vacunación es un problema de la clase política», ha insistido.

De forma similar se ha posicionado el diputado del PP César Pascual, que ha destacado que se han vacunado de forma irregular 53 cargos en España, lo que «no llega» a representar al 0,015 por ciento de los políticos del país.

Además, ha opinado que es exigible la dimisión de quienes reciban las dosis contra el Covid «no por haberse vacunado, sino por hacerlo a escondidas», porque «la vacuna la necesitamos todos». Por ello, también ha defendido que los políticos no tienen que ser los últimos en vacunarse, sino que deben hacerlo «cuando les toque, como todos», en función de su edad y sus patologías.

Y el portavoz de Cs, Félix Álvarez, quien ha defendido la PNL, ha reconocido que los 53 políticos que se han «pasado por el arco del triunfo» el protocolo suponen una cifra «insignificante», pero ha defendido que se castigue a quienes ha denominado como «vacunajetas» por su comportamiento «injusto, insolidario y hasta chabacano».

Por último, desde Vox Cristóbal Palacio ha criticado en este punto que se haya vacunado a los presos de El Dueso dentro de los grupos prioritarios y ha indicado que el informe técnico que pidió para comprobar que su vacunación estaba argumentada está fechado tres días después de ponerse las dosis, por lo que fue creado «ad hoc» para justificar la actuación.

En este sentido, el orden del día ha incluido también varias preguntas de Vox al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, sobre quién forma el equipo de técnicos que realizan los informes y si «realmente se hacen».

Rodríguez ha enumerado las personas que se reúnen a diario para analizar la situación del Covid en la región y ha asegurado que «todas» las resoluciones que firma tanto él como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla -al quien corresponden algunas como el cierre perimetral o el toque de queda- «se sustentan en informes».

Además, ha dicho que está «muy tranquilo» en ese sentido y pone «la mano en el fuego» por el servicio de asesoramiento jurídico de la Consejería, por lo que ha instado a Palacio a que «busque todo lo que quiera» porque «toda norma» obedece a informes técnicos «impolutos».

LEY CELAÁ

Por otro lado, PRC y PSOE han hecho valer en el Pleno su mayoría absoluta para tumbar una PNL, también de Vox, que pedía rechazar la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, e instar al Gobierno regional a que garantice la continuidad de la escuela concertada.

En este punto, dado que Vox ha pedido que los padres tengan libertad para decidir el colegio al que llevar a sus hijos, regionalistas y socialistas han votado en contra argumentando que «no es un problema de Cantabria», donde «prácticamente el cien por cien de los alumnos van al colegio que solicitan», y que en la comunidad educación pública y privada o concertada «han convivido perfectamente».

Por su parte, PP, Cs y Vox han criticado que la Ley Celaá «atenta contra la libertad de los padres» para elegir los centros y pretende «desmantelar» la educación concertada.

Además, se han dirigido a la consejera de Educación, Marina Lombó, para recordarle que aunque se trata de una ley nacional que «hay que cumplir», las comunidades tienen «cierto margen de maniobra» que «temen» que en Cantabria no se va a aprovechar, sino que se va a aplicar «a pies juntillas».