Moncloa no ha creado aún la unidad de seguimiento de los fondos UE, pero asegura que la dirigirá alguien de «solvencia»

El Gobierno todavía no ha constituido la llamada Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para gestionar los fondos europeos para hacer frente a la crisis del coronavirus que se aprobó hace un mes y medio. Eso sí, Moncloa garantiza que «seguirá los criterios de cualificación y solvencia técnica» para seleccionar a las personas que integren y dirijan este nuevo departamento.

Así lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo en respuesta a la pregunta escrita formulada por Vox en el Congreso, sobre los criterios que se seguirán para designar a los miembros de esta nueva unidad, dependiente de la Presidencia del Gobierno.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Moncloa recuerda que el decreto ley que se aprobó a finales de año para gestionar la llegada de los fondos europeos Next Generation EU –140.000 millones de euros en seis años–, y agilizar su inversión, preveía la creación de la mencionada unidad, dentro de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 (la antigua Oficina Económica del Presidente), que dirige Manuel de la Rocha.

REESTRUCTURACIÓN SIN CULMINAR

Asimismo, señala que para su creación, se aprobó también a finales de año un real decreto para reestructurar la Presidencia del Gobierno, que supuso, entre otras cosas, que De la Rocha pasara de ser director general a secretario general del departamento de Asuntos Económicos en Moncloa, con rango de subsecretario.

En su respuesta a Vox, el Gobierno reconoce que un mes y medio después de aprobarse esa reestructuración en el gabinete de la Presidencia, no se ha terminado de constituir todavía la denominada Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, Moncloa explica que el nombramiento del Jefe de la mencionada Unidad «está todavía pendiente de tramitación y dependerá de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno». Eso sí, añade que «la provisión de puestos en dicha unidad seguirá los criterios de cualificación y solvencia técnica».

Asimismo, defiende que esta reestructuración «reafirma el compromiso del Gobierno con el Instrumento Europeo de Recuperación», y recuerda que el Gobierno se «implicó activamente» en su génesis y que supondrá para España «una masiva inyección de fondos» que «permitirán acelerar la recuperación económica y abordar la transformación y modernización del modelo productivo y la creación de empleo».

Por último, recuerda que los procedimientos para la fijación de los criterios de reparto y seguimiento, en la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea, están contemplados en el Real Decreto Ley de gestión de fondos europeos, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

LA GESTIÓN DE LOS FONDOS, FOCO DE LA POLÉMICA

El Gobierno estuvo a punto de perder la convalidación de este real decreto ley en el Congreso por el rechazo de sus socios parlamentarios de ERC y también del PP y Ciudadanos. Finalmente logró sacarlo adelante gracias al apoyo EH Bildu y la abstención de Vox.

No obstante, vistos los recelos que el decreto despertó en la mayoría de formaciones, incluidos los socios habituales del Gobierno en el Congreso, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, impulsora del texto, accedió a tramitarlo como proyecto de ley, para que se puedan introducir las modificaciones que acuerden los grupos.

La oposición argumenta que el plan para gestionar y supervisar la llegada de los fondos europeos es demasiado centralista y otorga un exceso de protagonismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo de Moncloa, y también que existe un alto riesgo de que se generen prácticas corruptas en el desarrollo de los proyectos.

Aún así, Vox decidió abstenerse y no impedir la tramitación del real decreto ley de gestión de los fondos. Según explicaron, les movió anteponer «los intereses de los españoles», y lograr «que los fondos lleguen cuanto antes».