AI ve un deterioro de la situación de DDHH ante las «tácticas» del Gobierno para acallar disidentes

Desde las protestas de 2018 se han registrado 328 muertos, más de 2.000 heridos y 1.600 detenidos

La organización teme que lo peor «esté aún por llegar»

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes las «tácticas» utilizadas por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para acallar voces críticas y disidentes y ha alertado de que la crisis de Derechos Humanos se ha agravado en el país ante la demanda de la sociedad civil, que aboga por un cambio.

Desde que estalló la crisis en materia de Derechos Humanos en 2018, año de fuertes protestas contra el Gobierno, las autoridades «no han dado tregua alguna a ninguna forma de disidencia o crítica», tal y como ha advertido la organización.

En su informe El Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua , AI ha señalado que las autoridades del país se han dedicado, específicamente, a «erradicar, a cualquier coste, el activismo y la defensa de los Derechos Humanos».

Así, ha aseverado que Nicaragua está sumido en «uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del Gobierno puede perder su libertad y hasta su vida».

La directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara, ha manifestado que «durante casi tres años, el Gobierno de Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua». En este sentido, ha expresado que es «necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión».

Para ella, cuando las imágenes de la «violenta represión contra las protestas masivas (…) colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018 parecía que la crisis de Derechos Humanos había llegado a su punto más álgido». Sin embargo, ha matizado, la «pesadilla continúa».

Las organizaciones a nivel local continúan alertando de la utilización por parte del Gobierno del poder judicial para «encarcelar activistas en procesos arbitrarios», ha afirmado la ONG, que sostiene que más de un centenar de personas continuaban entre rejas a finales de 2020 por «ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica».

El informe de AI señala que en las cárceles del país los detenidos por su activismo siguen sufriendo malos tratos y episodios de hostigamiento como «elementos adicionales de castigo».

LA PANDEMIA AGRAVA LAS VIOLACIONES Y ABUSOS

Asimismo, la ONG ha lamentado el «agravamiento» de esta situación y de las condiciones carcelarias en Nicaragua debido a la pandemia de coronavirus, que ha generado alarma entre las familias de los presos y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Activistas a nivel local han relatado a AI que decenas de personas arrestadas por motivos políticos «sufren padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables ante la COVID-19».

«De acuerdo con testimonios recogidos por Amnistía, aunque algunas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios», han afirmado.

Esto no mejora al salir de prisión, lo que ha llevado a activistas excarcelados y familiares de presos a denunciar que «el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar».

Las expresiones de acoso enumeradas por la organización incluyen controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso.

En diciembre de 2020, organizaciones locales estimaban que 31 personas excarceladas fueron nuevamente detenidas y privadas de su libertad por ejercer sus derechos, tal y como indica el texto, que explica que «los periodistas y defensores de los Derechos Humanos sufren un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades» del país.

Para muchas personas esto incluye la cancelación de sus registros legales, la incautación de sus bienes y, recientemente, la destrucción de sus instalaciones. La defensora de los Derechos Humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, ha aseverado que se están aprobando «instrumentos de represión para dar forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo contra los Derechos Humanos».

«Las leyes que el Gobierno de Ortega quiere impulsar están concebidas, diseñadas y aprobadas para reprimir», ha insistido.

Los datos recabados por la organización revelan que desde 2018 han fallecido 328 personas, mientras que otras 2.000 han resultado heridas. Además, más de 1.600 habrían sido privadas de libertad de forma arbitraria y unos 150 estudiantes habrían sido expulsados de sus centros educativos.

Las constantes amenazas y el hostigamiento sufrido han provocado el desplazamiento de miles de personas a terceros países, una cifra que asciende a más de 100.000. «Las opciones eran la cárcel, el cementerio o el exilio», ha matizado el defensor de los Derechos Humanos Gonzalo Carrión, que ya no vive en Nicaragua.

Desde AI lamentan que muchos activistas teman que «lo peor aún no ha llegado» y que las violaciones de los Derechos Humanos «se recrudezcan a medida que el Gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica».

«Conseguir justicia en Nicaragua parece imposible. La comunidad internacional debe dar pasos contundentes para detener la pesadilla en la que vive la población y tomar acciones que brinden total apoyo a las todas las personas que mantienen su lucha por una Nicaragua libre de represión», ha reivindicado Guevara, que ha expresado que desde AI «no se detendrán hasta que el Gobierno rinda cuentas por sus acciones y ponga un alto a las violaciones».