Alvarado sostiene que «ni un solo» costarricense fue «espiado» y tilda de «calumnias» las críticas a la UPAD

Reconoce un «error de redacción» en el decreto que, «leído fuera de contexto, permitía generar interpretaciones negativas»

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha sostenido este miércoles que «ni uno solo de los cinco millones de costarricenses» ha sido «espiado», al tiempo que ha tildado de «calumnias e insinuaciones» las investigaciones contra la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en este sentido.

Alvarado ha comparecido ante la Asamblea Legislativa por el caso de la UPAD, un organismo puesto en marcha para recabar datos de los costarricenses y mejorar el proceso de toma de decisiones del Gobierno. El Ejecutivo costarricense se vio obligado a eliminar el órgano, opaco, ante la polémica por un supuesto espionaje a los ciudadanos.

En su alegato, el mandatario ha afirmado «por lo más sagrado» que el equipo de análisis de datos de la Presidencia costarricense no vulneró la privacidad de ningún ciudadano, no se usó la información para el beneficio de ninguna persona en particular y no se obtuvieron beneficios ilegales derivados de esta información.

«Viéndolos a los ojos les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron», ha incidido, subrayando que esas aseveraciones son «calumnias e insinuaciones».

Defendiendo que el trabajo de recolección de datos se llevó a cabo de buena fe, ha señalado que la oposición al proyecto surgió de sectores «acostumbrados» a tomar decisiones con base a criterios subjetivos o electorales. Asimismo, ha defendido que en la campaña electoral de 2018 ya avanzó su intención de tomar decisiones gubernamentales con datos y ha indicado que el objetivo es que estas tuvieran un respaldo técnico y ético, no «por antojos».

«Nada de esto fue secreto u oculto como muchos han querido malinformar. Mi objetivo es que las decisiones fueran las mejores y que no se tomaran a partir de antojos, politiquería o caprichos», ha asegurado, según ha informado el diario local La Nación .

Alvarado también revelado que el proporcionó los «lineamientos generales» para que la unidad de análisis de datos permaneciera en el tiempo y fuera aprovechado por futuras administraciones, antes de alabar al equipo de trabajo que creó la UPAD.

No obstante, ha reconocido que el decreto «contenía un error de redacción» y que, cuando lo firmó, estaba convencido de su legalidad. Tal y como ha explicado, el «error de redacción (…) leído de forma aislada y fuera de contexto (…) permitía generar interpretaciones negativas lejanas al objetivo perseguido». Es por eso, según ha sostenido, «por lo que, de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogar (el decreto)».

RECHAZA LAS «TEORÍAS CONSPIRATIVAS»

Durante su intervención, Alvarado también ha recordado que la creación de la UPAD se comunicó a la Contraloría General de Costa Rica, por lo que ha afeado la existencia de «teorías conspirativas». «No estamos ante una unidad espía que se gestó y operó desde la clandestinidad, sino ante una iniciativa responsable», ha hecho hincapié, subrayando que «funcionó de manera transparente».

En este sentido, ha evidenciado como prueba que la creación de la UPAD se llevó a cabo mediante un decreto, que fue público. «Se ha sugerido que el presidente pretendió crear una unidad para espiar a las y los costarricenses (…) eso es absolutamente absurdo y falso y, tras meses de investigación, esta comisión no ha encontrado ninguna evidencia de ello, ni la encontrará», ha zanjado.

Por último, ha avisado de que convocar a un presidente de Costa Rica a comparecer en un pleno legislativo «no debe repetirse jamás» y ha advertido de que las «posibles consecuencias» de este hecho no se pueden «dimensionar» por el momento. «Sobre todo por nuestra democracia», ha instado.