Facua insta al Gobierno a realizar «una profunda reforma» del bono social eléctrico
Facua-Consumidores en Acción ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a realizar «una profunda reforma» del bono social eléctrico tras el fin el pasado 15 de septiembre de la prórroga automática aprobada durante el estado de alarma, tras la caída del número de beneficiarios.
En un comunicado, la asociación señala que los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revelan que septiembre de 2020 cerró con 1,168.542 millones de usuarios beneficiarios, frente a los 1,315.019 de agosto, lo que supone un total de 146.477 menos.
La mayor caída se produjo en la categoría de consumidores vulnerables severos, con un 11,8% menos de usuarios acogidos al bono social, de 629.416 a 555.259.
Facua destaca que en el pasado mes de enero se ha producido una ligera recuperación del número de beneficiarios, «aunque no hasta los niveles previos a septiembre».
Por ello, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que reforme «de manera urgente» el bono social eléctrico y los requisitos de acceso para que muchas más familias puedan ser beneficiarias del mismo según su coyuntura económica, «que se ha visto además agravada en los últimos tiempos debido a la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19».
ELIMINARSE EL ACCESO DIRECTO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS
Además, la asociación también advierte de que debería eliminarse el acceso directo de las familias numerosas al bono para que su concesión se rija por criterios económicos, «ya que no tiene sentido que familias con alto poder adquisitivo puedan beneficiarse del bono social por su condición de numerosas, dejando menos recursos para atender a familias que sí tienen problemas para afrontar el pago de la factura de la luz».
Igualmente, considera necesario que se desarrollen campañas institucionales para dar a conocer tanto el bono como la tarifa regulada (PVPC).
Finalmente, Facua pide que se modifiquen los criterios para la prohibición de la interrupción del suministro a los colectivos vulnerables en caso de impago.
Actualmente, la norma recoge que no se podrá cortar el suministro «a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes».
