Expertos de la ONU instan a más de 50 países, entre ellos España, a repatriar a niños y mujeres de Siria
Relatores de la ONU expertos en Derechos Humanos han dado la voz de alarma sobre la situación de las personas en los campamentos de desplazados de Al Hol y Roj, en el noreste de Siria, y han instado a más de medio centenar de países, entre ellos España, a hacerse cargo de las mujeres y niños que están atrapados en estas zonas por su supuesta vinculación con miembros de grupos armados.
Más de 64.000 personas viven en los citados campamentos, en su mayoría mujeres y niños, en «condiciones humanitarias extremas». Los relatores han asegurado que las condiciones de «violencia, explotación, abuso y privaciones» en las que viven podrían equivaler a crímenes internacionales, susceptibles por tanto de ser castigados en órganos como el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Los expertos, que han aludido también a que «un número indeterminado» de personas habrían fallecido por las condiciones de reclusión a la que han sido sometidos, han opinado que es momento de una acción «colectiva, sostenida e inmediata» por parte de la comunidad internacional.
En este sentido, han recordado que los países tienen la «responsabilidad» de actuar para proteger a los ciudadanos que puedan estar en situaciones extremas, «especialmente mujeres y niños». En contextos como el del noreste de Siria, han añadido, «las acciones u omisiones de los Estados pueden afectar positivamente a los Derechos Humanos de estos individuos».
Los relatores han abogado por emprender procesos de repatriación conforme al Derecho Internacional o por evitar que estos traslados puedan derivar en nuevas situaciones de abuso, promoviendo por tanto la integración y favoreciendo la atención de los traumas que hayan podido derivarse de la estancia de estas personas en territorio sirio.
Por otra parte, los expertos se han sumado a las dudas ya expresadas por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en relación al proceso de recogida de datos llevado a cabo en los campamentos en julio de 2020, porque se trata de informaciones privadas y existen dudas sobre su uso.
Temen que este estudio, teóricamente destinado a evaluar amenazas para la seguridad, termine de estigmatizar a las familias con supuestos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Asimismo, han denunciado que los actores humanitarios hayan permanecido al margen, al igual que el personal médico.
