El TPI amplía su jurisdicción para investigar presuntos crímenes de guerra a Gaza y Cisjordania
La Sala de Antejuicio I del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictaminado este viernes, por mayoría, ampliar su jurisdicción para investigar presuntos crímenes de guerra en los Territorios Ocupados Palestinos a Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este.
En abril, la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, pidió a la Sala de Antejuicio I que confirmara que «el territorio sobre el que el tribunal podría ejercer su jurisdicción bajo el artículo 12(2)(a) comprende Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y Gaza».
Así, la Sala ha sostenido que el artículo en cuestión «debe interpretarse como una referencia a un Estado parte en el Estatuto de Roma» y ha determinado que, independientemente de su estatus bajo el Derecho Internacional, «la adhesión de Palestina al Estatuto siguió el procedimiento correcto y ordinario». Además, ha especificado que «no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados parte».
En un comunicado, el TPI ha aclarado que «al pronunciarse sobre el alcance territorial de su jurisdicción, la Sala no resuelve una disputa fronteriza bajo el Derecho Internacional ni está prejuzgando la cuestión de las fronteras futuras». «El fallo de la Sala tiene como único propósito definir la competencia territorial del TPI», ha aseverado.
Bensouda anunció el 20 de diciembre de 2019 la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.
La fiscal jefe del TPI informó de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan «todos los criterios» para abrir una investigación formal.
En este sentido, la jurista gambiana manifestó que «hay una base razonable» para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde el 3 de junio de 2014.
«Los potenciales casos que surjan serían admisibles. No hay razones sustanciales para pensar que una investigación (formal) no serviría al interés de la Justicia», arguyó en su comunicado.
