Asval celebra la sentencia del TC en Cataluña sobre la regulación del derecho a la propiedad por Decretos-ley
La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha celebrado la resolución del Tribunal Constitucional que anula el Decreto-Ley del Gobierno de la Generalitat sobre la regulación del derecho a la propiedad mediante Decretos-ley.
«Asval celebra esta resolución del Tribunal Constitucional, dictada por unanimidad de todos sus miembros, ya que establece de manera rotunda el carácter fundamental del Derecho a la Propiedad Privada que consagra el artículo 33 de la Constitución Española, de manera que no puede regularse mediante el instrumento jurídico del Decreto-ley», ha destacado la asociación.
Los propietarios de viviendas en alquiler entienden además que la consideración del Alto Tribunal tendrá una consecuencia fundamental en su aplicación de Reales Decretos-ley aprobados sobre vivienda durante la pandemia por parte del Gobierno central, aunque hayan sido posteriormente convalidados por el Congreso.
La sentencia considera inconstitucional la forma en la que se ha tramitado una norma, que obligaba a grandes tenedores de vivienda a proporcionar un alquiler social. De igual modo, Asval considera que la sentencia rechaza de manera «implícita» el control de precios de alquiler impuesto por el Gobierno catalán, añadiendo que cualquier índice de precios ha de ser considerado informativo dejando «incólume la libertad de las partes para fijar la renta del arrendamiento».
Asval ha resaltado también la referencia del Constitucional al derecho indemnizatorio que mantienen los propietarios en el caso de que aquellos aspectos no invalidados por la sentencia, pero que pueden causarles menoscabo económico. La asociación considera que esto sienta un precedente de cara a reclamaciones patrimoniales.
Por otra parte, considera que la sentencia supone «un serio varapalo al actual amparo de la ocupación ilegal en Cataluña, que está suponiendo serios estragos para los propietarios, comunidades de vecinos, barrios y fuerzas de orden público».
«Esta sentencia debiera bastar para eliminar cualquier intento intervencionista de atacar a la propiedad privada en la futura Ley de Vivienda estatal, incluyendo ciertas derivas expropiatorias que en nada tienen que ver con un Estado de derecho moderno incardinado en la Unión Europea», ha concluido Asval.
