Belarra (Podemos) replica a Ábalos que son coproponentes de la Ley de Vivienda: «No se justifican deslealtades»

Critica el retraso al confeccionar la normativa cuando España necesita «bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios».

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que el acuerdo de presupuestos con el PSOE pautaba que la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Unidas Podemos, sería coproponente de la nueva Ley de Vivienda y fijaba llevarla al Consejo de Ministros en tres meses. Por tanto, no se justifican «ni retrasos ni deslealtades al acuerdo de gobierno».

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a la declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que esta tarde dijo que su departamento «es el proponente» y desvinculaba el retraso de la normativa a las elecciones catalanas del 14 de febrero. «Es normal que no nos reunamos hasta que tengamos una posición común dentro del Ministerio», ha dicho.

Al respecto, la también dirigente de Podemos ha dicho que en la negociación de los Presupuestos Generales se acordó con su socio de gobierno que serían coproponentes en la Ley de Vivienda y, también, «tenerla lista» para ser presentada en el Consejo de Ministros en un plazo de tres meses.

«No se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno», ha enfatizado para enfatizar que España «vive una emergencia habitacional que afecta a millones de personas que cada mes se ven en dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca».

Por tanto, la secretaria de Estado ha insistido en que el país requiere con urgencia de una nueva ley que «ayude a bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios».

SOSPECHAN QUE HAY «FALTA DE AMBICIÓN» EN EL PSOE

Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones con posiciones alejadas entre los socios de coalición. Un nuevo encuentro estaba previsto ayer pero fue aplazado a este jueves, aunque finalmente la cita se ha desconvocado hasta el final de los comicios catalanes.

La paralización de los contactos ha sido criticada por Unidas Podemos, que ha expresado su desacuerdo con el retraso de la negociación hasta después del 14F sobre una ley como la de vivienda, que reviste «enorme urgencia».

Además, fuentes de la formación han criticado que la postura del Ministerio de Transportes de negarse a compartir el borrador completo del texto legislativo hasta después de los comicios catalanes y entienden que ello se debe «presumiblemente» a la «falta de ambición» del texto.

PODEMOS: RETRASO PARA NO PERJUDICAR A ILLA

Desde la formación morada han deslizado «motivos políticos» en la decisión del PSOE de congelar la negociación hasta que pase el 14F. En este sentido, las mismas fuentes han incidido en que es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las «más avanzadas del Estado», por lo que un texto con medidas «poco ambiciosas», como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, «podría serle perjudicial» al candidato del PSC, Salvador Illa.

En cuanto al estado de la negociación hasta el momento, reprochan que los socialistas siguen «negándose o ignorando» la gran mayoría de las propuestas que Unidas Podemos ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Los socios de coalición mantienen «discrepancias sustanciales» sobre el contenido de esta normativa, que están negociando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

El calendario que manejaba el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron a Europa Press en fuentes de este departamento, con lo que ya se retrasaba el calendario inicial que pactaron ambas formaciones.

En Unidas Podemos confesaron que existía «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre la normativa, al apreciar que el PSOE sigue «negándose o ignora» la gran mayoría de las propuestas que han planteado desde el ala morada del Ejecutivo.

Los principales desencuentros radican en las propuestas de obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y desplegar medidas «efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, todas ellas puntos esenciales para los morados.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace cuatro meses y lamentan que aún no ha recibido respuesta.

El martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se incluya en la nueva Ley de vivienda, frente a lo que demanda Podemos, dado que es una medida de carácter temporal.