Belarra (Podemos) carga contra Blackstone y defiende que deben ser «corresponsables» para aumentar el alquiler social

Rafa Mayoral asegura que hay «hace falta mano dura con los buitres»

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido la propuesta de obligar a los grandes propietarios a destinar el 30% de sus viviendas a alquiler social, dado que con ello les permitirá seguir obteniendo beneficios por su actividad y, además, les hará «corresponsables» de cara a garantizar la función social de la vivienda que mandata la constitución.

A su vez, ha cargado contra el fondo de inversión Blackstone, el «mayor casero de España», y ha dicho que es «falso» que la vivienda social sea exclusivamente responsabilidad pública.

«Blackstone ya fue denunciado por el relator de la ONU sobre la pobreza extrema por comprar bloques enteros de vivienda para subir los alquileres a precios exorbitados y expulsar de ellos a sus habitantes. Estas prácticas son inaceptables y deben terminar», ha apuntado en Twitter.

Belarra hacía mención a las informaciones sobre las declaraciones del gestor inmobiliario de Blackstone, Eduard Mendiluce, que ayer en un foro inmobiliario dijo que el alquiler social las administraciones públicas eran cien por cien responsables del alquiler y la vivienda social.

Precisamente ayer, Belarra reivindicó durante una comparecencia en el Congreso que su propuesta ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional» en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Por su parte, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) calificó como un «atentado contra el Derecho a la propiedad privada» la propuesta de Unidas Podemos.

CRITICA EL «DESCONTROL» DEL PASADO PARA REGULAR EL SECTOR

Sobre esta cuestión, la secretaria de Estado ha manifestado en redes que la Constitución señala «claramente que toda la riqueza del país está subordinada al interés general» (artículo 128) y que los poderes públicos deben «hacer efectivo el derecho a la vivienda protegiendo el interés general y evitando la especulación» (artículo 47).

Y es que ha subrayado que España está ante una «emergencia habitacional dramática», dado que la gente destina de media el 40% de sus ingresos al pago del alquiler, volumen que se eleva «mucho más en algunas ciudades». «En el caso de los jóvenes más del 100% de su sueldo», ha argumentado Belarra.

Una situación que ha atribuido a las «décadas de ausencia de una política estatal de vivienda que apueste por un parque público de vivienda en alquiler homologable al de otros países de Europa».

«También de enorme descontrol para que el sector inmobiliario obtenga grandes beneficios», ha añadido para desgranar que España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes (0,9). «Estamos a años luz de otros países como Francia (7,2) o Países Bajos (12,5)», ha proseguido.

Por tanto, el Gobierno «tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y asegurar la corresponsabilidad de todos los actores para garantizar el derecho a la vivienda», pues es «un bien de primera necesidad y debe cumplir su función social».

«Con la medida que proponemos los grandes propietarios podrán seguir obteniendo beneficios pero cumpliendo con su responsabilidad en la garantía del derecho a la vivienda», ha defendido la secretaria de Estado para insistir en que construir nueva vivienda es algo «poco necesario en un país con 3,4 millones de viviendas vacías».

De esta forma, las medidas que proponen en la futura Ley de Vivienda «regulan y equilibran la balanza para evitar los abusos del sector inmobiliario son más necesarias que nunca».

MAYORAL: «HACE FALTA MANO DURA CON LOS BUITRES»

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha criticado también en redes la postura de los fondos de inversión. «Hace falta mano dura con los buitres que después de haber comprado miles de viviendas a precio de saldo se comportan como parásitos y desprecian el sufrimiento de nuestro pueblo», ha lanzado.

A su vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha manifestado que si fondos como Blackstone «quieren hacer leyes, lo tienen fácil» si simplemente se presentan a las elecciones. «Mientras tanto, las leyes las hacemos nosotros», ha apostillado para incidir en que el artículo 128 de la Constitución Española «es muy clarito» respeto a la función social de la vivienda.