Los partidos que apoyan al Gobierno navarro a favor de cambiar la ley para que no dimitan altos cargos imputados
PAMPLONA, 1
La mayoría de grupos parlamentarios se han mostrado este lunes dispuestos a modificar el artículo 68 de la ley foral del Gobierno y de su Presidencia, que prevé el cese de los altos cargos cuando se encuentren en la situación de investigados por la Justicia, tras la dimisión de Manu Ayerdi como consejero por la investigación del Tribunal Supremo sobre los préstamos a Davalor.
En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que asume su posición a favor de este artículo cuando se debatió la ley en la pasada legislatura. Y ha remarcado que «si el Gobierno quiere modificarlo, que lo plantee». «Hasta que el Gobierno no plantee una modificación no tenemos opinión, si quiere plantearla la traerá y a partir de ahí analizaremos y plantearemos una posición», ha expuesto Esparza.
En cuanto a la dimisión de Manu Ayerdi, el portavoz de NA+ ha considerado que «ha quedado meridianamente claro que ha dimitido cuando Barkos ha decidido que tenía que dimitir». Y ha afirmado que «ha quedado evidente también el nulo liderazgo de Chivite y quién manda en este Gobierno».
Además, Esparza ha remarcado que UPN «históricamente ha sufrido una auténtica caza de brujas en muchos casos, una persecución política por parte de quienes gobiernan hoy y han sido capaces de crear asociaciones como Kontuz para desarrollar esa persecución».
«A determinados cargos públicos de UPN se les ha quemado en la plaza pública sin que ninguna denuncia se haya admitido y la ley que incorpora ese artículo la trajo el Gobierno cuatripartito la pasada legislatura», ha recordado el representante de NA+, para quien «sería una buena pregunta por qué» la trajeron. «Seguramente pensando en perjudicar a UPN porque esa ha sido su obsesión desde siempre», ha planteado.
Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz se ha mostrado dispuesto a modificar el artículo 68 y ha considerado «un error» que haya «un artículo que dé lugar a tanta interpretación política que acaba confundiendo a la política y a la ciudadanía en algo que debería ser muy claro».
Ha afirmado que en el momento que se aprobó la ley «había una alarma social grande, había los casos de corrupción del PP como Púnica y la ciudadanía demandaba la aprobación de leyes que ejemplarizasen la ética y la política». Pero ha considerado que «con en transcurso del tiempo», se ha visto que la ley «es interpretable y hay que ajustarla para no dejar ninguna duda».
En su opinión, si el artículo 68 o similar se considera por parte de los partidos «bueno, positivo y ejemplarizante», lo tienen «muy sencillo» como es «meterlo en su código ético», como tiene el PSN. «Lo que no se puede hacer en una ley es cuestionar la presunción de inocencia», ha apuntado.
GEROA BAI: «URGE LA REFORMA»
Asimismo, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha defendido que «urge de manera rotunda la reforma» del artículo 68. «El tiempo nos dice que el artículo ha de ser reformulado de tal manera que el objeto del mismo se corresponda con las garantías que se deben observar para que esto no vuelva a suceder», ha sostenido.
Sobre la aprobación del artículo en la pasada legislatura cuando ella era presidenta, ha afirmado que el proyecto de ley «traía otras muchas reformas y entre otras ésta que como toda ley, el tiempo va ajustando a las necesidades».
La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha comentado que su partido respaldó este artículo «por convencimiento y seguimos con ese convencimiento», si bien ha reconocido que «puede que la redacción de ese artículo pueda ser ambigua y quizá debería llevarse a un nivel de concreción mayor».
«Es cierto que hay que conjugar la necesaria ejemplaridad que como cargos públicos tenemos que tener con las garantías que puede tener cualquier proceso judicial», ha expuesto Ruiz, para explicar que su grupo no va a llevar al Parlamento ninguna iniciativa para modificar este artículo, pero sí están dispuestos a «valorar si hay una propuesta encima de la mesa».
A su juicio, «la dimisión de Manu Ayerdi parece que se ha dado no en el momento de aplicación de este artículo, sino porque la situación política había llegado a un extremo insostenible» y ha afirmado que ahí habría que «preguntar a Navarra Suma cuál es su intencionalidad política».
En representación de Podemos, Mikel Buil ha señalado que el artículo 68 «vino de la consejería de Función Pública e Interior» del Gobierno foral de la anterior legislatura, de tal modo que, según ha dicho, «no es una enmienda de ningún grupo y a todos los grupos se nos pasó por alto».
Ha manifestado que se trata de «una puerta abierta a que cualquier gabinete de abogados pueda tumbar un Gobierno» y ha remarcado que si miembros de la formación morada «hubieran tenido que dimitir cada una de las veces que la derecha nos ha denunciado, hubieran tumbado a Podemos en las instituciones». Por ello, ha apostado por «ofrecer más garantías» al cargo público, una reflexión que «tendríamos que hacer».
Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que, en su opinión personal, sí que habría que modificar el artículo 68 de la ley, pero ha explicado que se trata de una cuestión que tendrán que tratar en el seno de la coalición, formada por IUN y Batzarre.
A su juicio, este artículo «puede dar lugar a que personas inocentes sufran lo que no deben sufrir» y ha afirmado que siempre defenderá «la presunción de inocencia, sea un cargo público o un ciudadano que vive en la calle de enfrente». Sobre por qué votaron a favor de este artículo, ha argumentado que formaba parte de «un acuerdo conjunto de los grupos que en ese momento apoyábamos al Gobierno de Navarra y el acuerdo programático» y que lo hizo por «disciplina».
