OHL censura el «ardid» procesal de la Comunidad para paralizar de forma «fraudulenta» el pago del Tren de Navalcarnero

La Comunidad pide al TSJM que no se paguen 350 millones hasta que no haya sentencia firme sobre una de las piezas del caso Lezo

La constructora OHL ha criticado el «ardid» procesal alegado por la Comunidad de Madrid para instar a los tribunales paralizar de forma «fraudulenta» el pago por la liquidación económica del contrato con su filial Cemonasa por la construcción fallida del tren de Cercanías Móstoles-Navalcarnero hasta que no haya sentencia firme en la pieza del caso Lezo que investiga la adjudicación.

Las críticas de la constructora se producen después de que el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de Madrid, Ángel Garrido, haya anunciado este jueves que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizar el pago hasta que no se resuelve el asunto.

La Comunidad y OHL mantienen un contencioso por la paralización de los trabajos de construcción en 2010, que, actualmente solo tiene pendiente la petición de OHL de la liquidación económica del contrato por el que pide un importe de 353 millones de euros.

En un comunicado, OHL critica que el Gobierno regional «pretende alegar la existencia de prejudicialidad penal –todo problema de naturaleza extra penal que surge en el desarrollo del proceso judicial– en el único procedimiento pendiente de sentencia ante el TSJM respecto a la reclamación dineraria articulada por Cemonasa frente a la Comunidad de Madrid».

La citada prejudicialidad «se basaría en la pendencia del denominado caso Lezo en la Audiencia Nacional», aludiendo OHL a lo manifestado hoy por la Consejería de Transportes.

Ante ello, la constructora recuerda que el caso Lezo se inició en el año 2016 y la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes como presidenta, trazó en 2017 «una estrategia jurídica orientada a la reclamación, a OHL, de más de trescientos millones de euros por supuesto incumplimiento del contrato», una «suma casi similar, curiosamente, a la que Cemonasa reclamaba a la Administración regional».

«Esta estrategia ha sido, hace dos semanas, tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, durante más de tres años, la Comunidad de Madrid ha hecho valer una pretensión ante los tribunales basada en el contrato que ahora pone en duda, sin que a lo largo de este tiempo haya planteado prejudicialidad penal de clase alguna», ha reprochado.

Así, insiste en que «sólo cuando su estrategia ha sido declarada ilegal por los tribunales, quedando expuesta a la reclamación dineraria de Cemonasa, se plantea un «ardid» procesal como el que ahora se anuncia, carente de fundamento y notoriamente fraudulento».

OHL incide en que «no ha sido imputada en el denominado caso Lezo y asevera que «ni nadie ha cuestionado la corrección jurídica de la adjudicación del contrato del tren a su filial, alegando que «existen dos informes periciales en la causa penal que avalan la corrección de dicha adjudicación».

«El contrato está resuelto por ministerio de la Ley. Así ha sido declarado reiteradamente por los Tribunales. Cemonasa pretende que la Comunidad de Madrid abone las inversiones efectivamente realizadas con ocasión del mismo, pretensión legítima y que nada tiene que ver con la causa penal seguida en la Audiencia Nacional», agrega.

De hecho, recalca, «la propia Administración regional reconoció documentalmente en su día la existencia de esas inversiones, en cuantía superior a los cien millones de euros».

Por todo ello, asevera que «la falta de cumplimiento, por la Comunidad de Madrid, de sus obligaciones contractuales y de pago provocaron el concurso de acreedores de su filial, por lo que se trata de «recuperar lo gastado y evitar un quebranto, aún mayor, para una empresa con más de 22.000 empleados y con numerosos accionistas».

Respecto a la afirmación de que no se va a pagar nada, OHL señala que ello supone «no sólo dar por hecha la favorable acogida, por los tribunales, de su estrategia actual de suspender toda reclamación, frente a la Comunidad de Madrid, hasta la decisión de la causa penal, sino también una relajación en el debido respeto a la imparcialidad de los órganos judiciales y al proceso de toma de decisiones por parte de éstos».

«Si este respeto es exigible a las empresas y particulares, con mayor razón, si cabe, a los servidores públicos», incide. Por ello, subraya que «la Comunidad de Madrid y su consejero de Transportes deberán aquietarse a las decisiones que adopten los Tribunales, al igual que lo hará OHL, sin dar por sentado su sentido ni tratar de predeterminar éste».

«Y si su idea actual no prospera, naturalmente que deberán cumplir la eventual condena que les pueda ser impuesta, del mismo modo que han tenido que acatar todas las sentencias, hasta ahora desfavorables para sus pretensiones, que han recaído en este asunto y que, por sí mismas, dan buena cuenta de que no ha sido precisamente OHL ni sus filiales las que han observado procedimientos contrarios a la legalidad», concluye.