Unidas Podemos ve ilegal que Patrimonio pague gastos al Rey Juan Carlos e insiste en que hay que quitarle el título

Enrique Santiago (IU) se desmarca de Carmen Calvo y subraya que esa distinción produce «sonrojo» en España y «estupefacción» fuera

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado este lunes que «no es legal» que Patrimonio Nacional sufrague los gastos que genera la estancia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes y que «el Gobierno defiende» que se le retire el título de Rey emérito. No obstante, desde su formación han puntualizado después que se ha tratado de un error y que quien quiere quitarle esa distinción es Unidas Podemos, pero no el Gobierno que comparten con el PSOE.

Santiago ha hecho estas afirmaciones en la Diputación Permanente del Congreso al hilo del debate planteado por ERC y Bildu para que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, compareciera antes de que acabe enero en el Congreso para dar cuenta de la «implicación, gastos y actuaciones» de Patrimonio Nacional en relación a la estancia del padre del Rey en Abu Dabi, donde reside desde el pasado mes de agosto.

El también portavoz de IU ha avanzado que su grupo no iba a apoyar esta petición de comparecencia porque es un «espacio político serio» que cumple sus «compromisos» del pacto de coalición, que incluyen no citar a miembros del Ejecutivo si no se pacta con ellos. Además, ha dicho a quienes piden cuentas por esta cuestión que Calvo estará a su disposición para responder a sus preguntas en las sesiones ordinarias que arrancan en febrero.

SE LO CONCEDIÓ RAJOY

Pero Santiago ha aprovechado su intervención para volver a criticar la salida del país de Juan Carlos De Borbón y dejar claro que, desde su punto de vista, Patrimonio Nacional «no puede sufragar los gastos del emérito» en Emiratos Árabes porque no está allí «realizando ninguna alta representación que corresponda al Estado».

Es más, ha señalado que el hecho que Patrimonio se esté haciendo cargo, por ejemplo, de las nóminas de las personas que asisten al padre de Felipe VI, es un motivo más para que el Congreso abra una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I tras abdicar en junio de 2014, y ha avanzado que Unidas Podemos volverá a registrar una iniciativa en este sentido.

En este contexto, Santiago ha hecho hincapié en que «la figura jurídica de rey emérito no existe, sino que es un «título honorífico» que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a Juan Carlos de Borbón tras dejar el trono.

NO ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN

«La Constitución no dice nada de esta figura, si se concede un titulo honorífico por un gobierno, también un gobierno puede retirarlo», ha señalado, asegurando incluso que el gobierno quiere que se retire. Posteriormente desde su formación políticas han subrayado que Santiago se refería al deseo de Unidas Podemos, no de todo el Gobierno.

De hecho, el socio mayoritario del Gobierno ya ha dejado claro que no tiene intención de revocar aquella decisión que el PSOE apoyó también en 2014. El pasado 13 de enero la número dos del Gobierno descartó que se estén planteando dar ese paso, tal y como ya había dejado por escrito el Gobierno también en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet.

Según Calvo, el Rey emérito «ya no tiene actividad pública ni vive con recursos públicos»; es decir, que ese título «ya no conlleva ninguna retribución ni obligación».

IMPERATIVO DE EJEMPLARIDAD

Pero, según Santiago, el padre del actual jefe del Estado, además de ser investigado por la Justicia y por el Congreso, debe ser despojado de esa distinción que, ha subrayado, «sonroja» a la opinión pública española y «provoca estupefacción» fuera de nuestras fronteras.

Tras incidir en que sobre él recae un «especial imperativo de ejemplaridad», Santiago reiterado que Juan Carlos de Borbón «no puede ser legalmente sufragado en su vida por Patrimonio Nacional». «Eso no es legal, que lo haga con sus propios recursos personales, que parece que son abundantes», ha remachado.

Por su parte, el pasado 20 de enero, Calvo defendió que Juan Carlos I mantenga a su servicio varios asistentes a cargo de las cuentas públicas, al igual que ocurre, dijo, con «cualquier ex jefe de Estado en cualquier país del mundo», incluidos los cuatro expresidentes del Ejecutivo español.