El Gobierno reconoce irregularidades en la expedición de visados en ocho países en los últimos 20 años
El Gobierno ha reconocido irregularidades en la expedición de visados en las embajadas y consulados españoles en un total de ocho países en los últimos 20 años, sin que en la actualidad haya ningún caso abierto de este tipo.
En su respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno ha reconocido que en los últimos 20 años «se han detectado hechos irregulares en el proceso de concesión de visados por el personal de Embajadas y Consulados Generales en Bolivia, República Democrática del Congo (RDC), Egipto, Irak, Marruecos, Namibia, Rusia y Ucrania».
No obstante, respecto a la petición de Iñarritu de detalles en cuanto al número de visados afectados así como el tipo de irregularidad y las personas implicadas, el Gobierno esgrime que no se pueden dar estos datos «debido a que las normas sobre archivo permiten destruir los expedientes en papel al cabo de 2 años, dado el ingente volumen de expedientes que se tramitan al año».
En su descarga, el Gobierno sostiene que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, «otorga la máxima prioridad a la legalidad y corrección de los procesos administrativos incluida especialmente la gestión de los visados» por lo que cuando se producen denuncias o se constatan irregularidades «se abre una inmediata investigación interna, por parte de la Inspección General de Servicios».
En caso de apreciarse indicios de actuaciones ilícitas, puntualiza el Gobierno, se procede a abrir «formalmente el correspondiente expediente disciplinario y, en su caso, se pone la información a disposición de la autoridad judicial».
Según se explica en la respuesta parlamentaria, las irregularidades se analizan «de forma individualizada» y pueden ser de diverso tipo como «pago para obtener visados obviando trámites y requisitos legales, o aportando documentación falsa que posteriormente se hace desaparecer, manipulación de datos biométricos, etc».
El Gobierno indica que todos los casos detectados «se resolvieron por vía judicial o administrativa en función de la gravedad del mismo», sin dar cifras concretas, y sostiene que «en estos momentos no hay ningún caso» pendiente.
