El PSOE dice que el Ayuntamiento de Santander tendrá que pagar 155.560 euros por la anulación del PGOU
El PSOE de Santander ha denunciado que el Ayuntamiento tendrá que pagar otros 155.560 euros por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, en costas que tendrá que abonar al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Medio Ambiente tras desistir del recurso por consejo de los Servicios Jurídicos Municipales.
«Es el fin de la huida hacia adelante del PP para desviar, con dinero público, sus responsabilidades en la anulación del PGOU», ha valorado hoy el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández en un comunicado.
Así lo ha dicho tras abordarse el jueves en comisión extraordinaria y urgente de Desarrollo Sostenible el desistimiento del Ayuntamiento del recurso a la sentencia que rechaza la demanda municipal contra el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España por los costes de la redacción del PGOU, estimados en más de tres millones de euros.
Y eso que, según Fernández, los responsables populares, tanto el exalcalde y exministro de Fomento, Iñigo de la Serna, como el actual concejal de Obras, César Díaz, que era edil de Urbanismo durante la tramitación y aprobación del frustrado PGOU, «argumentaron pública y reiteradamente que la anulación del plan no supondría un perjuicio económico para la ciudad».
Ahora, explica el PSOE, el Consistorio desiste porque los Servicios Jurídicos municipales desaconsejan recurrir una sentencia que resuelve la responsabilidad «única y exclusiva» del Ayuntamiento.
El desistimiento de recurso a la sentencia que rechaza la indemnización que solicitaba el Consistorio se tratará en el Pleno ordinario del martes 26.
El PSOE ha señalado que el equipo de Gobierno del PP «emprendió una estrategia de judicialización con dinero público de todos los santanderinos» después de la primera sentencia del Tribunal Supremo, en noviembre de 2016, que anuló el PGOU de 2012.
«Pretendieron culpar a otras administraciones de su propio fracaso con el único objetivo de evitar asumir responsabilidades políticas», ha subrayado Fernández.
El fin de esa «huida hacia adelante» del PP ha tenido un coste añadido de casi 155.000 euros, al tener que afrontar el Ayuntamiento las costas del juicio de los dos demandados, en concreto 77.780 euros a cada administración.
EL COSTE DE LA ANULACIÓN: MÁS DE 15 MILLONES DE EUROS
Estas cantidades se suman a las compensaciones por convenios e indemnizaciones a distintos promotores que vieron frustrados sus proyectos, así como a los costes de redacción del plan, tanto del planeamiento anulado (3 millones) y como del futuro PGOU, que «será más caro».
De hecho, el PSOE remarca que solo la primera partida consignada para el modelo de ciudad, que es «simplemente un avance preliminar del futuro PGOU», se eleva a 545.000 euros.
De esta manera, los socialistas estiman en más de 15 millones de euros los costes de la anulación del Plan General de 2012, que aún repercuten en el Presupuesto de 2021 con los plurianuales para abonar los convenios de la residencia de Cazoña con la Fundación Caja Cantabria (7 millones de euros) y Fuentellata (más de 2 millones de euros).
Según el PSOE, aunque el PGOU fue anulado «formalmente» por la anulación del bitrasvase del Ebro, porque «comprometía el abastecimiento de agua a la ciudad desproporcionada que había dibujado el PP», los socialistas recalcan que «si el PP no hubiera generado tanto desafecto hacia su PGOU no habría tenido tantos recursos judiciales».
Los socialistas, que recuerdan que fueron «el único partido que votó en contra del PGOU de 2012», acusan al PP de haber «retorcido» las previsiones demográficas para «favorecer la especulación urbanística y el modelo de pelotazo y ladrillo, agotando el suelo de la ciudad y apostando por un modelo mediterráneo de ciudad de vacaciones».
