Iglesias: la resolución del Parlamento europeo sobre vivienda da un «enorme impulso» para regular el alquiler en España

Ione Belarra cree que debe presentarse cuanto antes una ley de vivienda «ambiciosa»

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que la resolución del Parlamento europeo para proteger el derecho a una vivienda digna es un «enorme impulso» al trabajo que despliegan de cara a regular los precios del alquiler en España, y cumplir el mandato del acuerdo de coalición.

A su vez, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido que se tome «buena nota» de este pronunciamiento a nivel europeo con vistas a presentar «cuanto antes» en España una «ley de vivienda ambiciosa que baje los precios».

Ambos dirigentes de Unidas Podemos han hecho referencia a la petición del pleno del Parlamento europeo para que sea reconocido y protegido como un derecho fundamental el acceso a una vivienda digna y asequible, por lo que reclama acciones concretas como limitar el coste de la vivienda y medidas para que ninguna persona tenga que vivir en la calle en la Unión Europea en el horizonte de 2030.

«La Eurocámara pide que los Estados regulen los alquileres de viviendas. Es una magnífica noticia que da un enorme impulso a la negociación y al trabajo que estamos haciendo en el Gobierno para cumplir el mandato del acuerdo. La vivienda es un derecho», ha subrayado Iglesias en Twitter.

En la misma red social, Belarra ha manifestado que esta resolución es un «importante aval del Parlamento europeo a la regulación de precios del alquiler y otras medidas para garantizar el derecho a la vivienda digna».

Los dos socios del Gobierno de coalición negocian, mediante los ministerios de Transportes y Derechos Sociales, la futura ley de vivienda, que debe incluir una regulación del precio del alquiler en zonas con mercados tensionados.

PETICIONES DE PODEMOS

Desde la formación morada quieren incluir dentro de esta ley la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable, medidas que ahora están en vigor mientras dure el actual estado de alarma por el coronavirus. Junto a ello buscan «regulación y la intervención» pública, a través de ayuntamientos y comunidades, que permita limitar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado.

Belarra ya detalló durante una entrevista con Europa Press en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables.

Para ello, se tendrá que colaborar también con las distintas comunidades autónomas para que «no salga a cuenta tener vivienda parada», combinando distintos instrumentos, ya sean incentivos o de carácter obligatorio. Preguntada sobre si en el plano obligatorio podría haber posibilidad de sanción o alguna carga fiscal a grandes propietarios, dijo que aún no se puede descartar nada.