Itínere reclama al Gobierno una compensación por el desplome del tráfico en la AP-9 por el Covid

Descarta haber realizado alguna provisión para devolver el peaje a los afectados por las obras que se realizaron entre 2015 y 2018

Audasa, la concesionaria de la AP-9 perteneciente a Itínere, ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el restablecimiento del equilibrio financiero tras el impacto que han ocasionado las continuas restricciones a la movilidad en sus cuentas financieras.

En un informe adicional de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa asegura que presentó el pasado 30 de octubre esta solicitud, aunque el Ministerio todavía no la ha resuelto.

Audasa justifica esta petición de restablecimiento del equilibrio financiero en la aparición de circunstancias «imprevisibles y extraordinarias» derivadas de la pandemia de coronavirus que «han imposibilitado la ejecución del contrato de concesión en los términos previstos».

A pesar de las condiciones impuestas por las restricciones a la movilidad, la sociedad tuvo que seguir manteniendo su actividad al tratarse de una infraestructura que considera «crítica para el transporte».

La concesionaria de Itínere recuerda que la finalización del contrato de concesión sigue siendo el año 2048, aunque deja la posibilidad abierta para este plazo de tiempo fuera ampliado excepcionalmente como consecuencia de la solicitud realizada al Ejecutivo.

Las últimas previsiones de la compañía apuntan a un descenso del tráfico en esta autopista del 27,7% durante todo 2020 y no prevé recuperar el nivel registrado en 2019, antes de la pandemia, al menos hasta 2023.

El Gobierno introdujo en un real decreto ley de medidas de apoyo al sector los transportes en julio del año pasado un artículo que fijaba las condiciones por las que las autopistas de peaje pueden reclamar compensaciones por la crisis, descartando que se puedan pedir «por daños por fuerza mayor o sobre el restablecimiento del equilibrio económico que, en su caso, pudieran ser aplicables a sus contratos».

DEVOLUCIÓN DE PEAJES

Por otra parte, respecto a la sentencia de febrero del año pasado que le obligaba a restituir a los usuarios el importe de los peajes abonados por circular durante los años 2015-2018, en los que se estuvieron ejecutando obras en la calzada causando retrasos, Audasa asegura que no ha hecho ninguna provisión.

De hecho, la sentencia está recurrida y el Ministerio de Transportes ya habría admitido expresamente el derecho de la sociedad a repercutir al Estado el importe de una eventual sentencia definitiva desfavorable para Audasa.

Pese a todo, la compañía defiende que no se estima un impacto sobre la situación económica financiera como consecuencia de esta sentencia, ya que se trata de 81 incidencias «menores» por periodos de tiempo «relativamente cortos» que únicamente dan derecho a la devolución de la tarifa pagada por el usuario afectado y no al reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios.