Las infracciones en la cadena alimentaria relacionadas con el contrato alcanzan el 31% desde 2014

AICA celebra su extensión para combatir prácticas desleales y Mercasa defiende que habrá mejores precios sin posiciones de dominio

Las infracciones en la cadena alimentaria relacionadas con el contrato entre los operadores alcanzan el 31% del total desde 2014, según los datos expuestos este martes en el Congreso por la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández.

Así, en su intervención dentro de la ronda de comparecencias que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación celebra esta semana en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, Hernández ha señalado que en los últimos seis años el 16% de todas las sanciones impuestas se deben a la ausencia de un contrato por escrito y a un 15% por no incluir elementos mínimos en el mismo. Prácticamente la mitad, el 49%, se deben por el incumplimiento de los plazos legales.

Hernández ha señalado que en muchas de estas relaciones no había siquiera obligatoriedad de contar con un contrato por escrito, por lo que ha celebrado la ampliación de este deber, pues cree que «se va a ser mucho más eficiente y efectivo» a la hora de combatir prácticas comerciales desleales.

La nueva ley amplía esta obligación a todo importe superior a un mínimo legalmente establecido en la actualidad en 2.500 euros, elimina el requisito de un desequilibrio, por lo que también será exigible a relaciones entre pymes o entre grandes operadores entre sí y también se exige a cooperativas, salvo que en los estatutos se disponga el calendario y la forma de liquidación de las entregas.

Preguntada por la posibilidad de contar con un registro de contratos, Hernández ha señalado que estos son «innumerables» y también analizar la efectividad de esta medida, puesto que la inspección busca que este contrato esté disponible y que esté firmado antes de la entrega del producto.

En este sentido, ha defendido como medidas para reforzar y facilitar este instrumento la regulación de la firma electrónica y también la elevación a infracción grave del incumplimiento de la obligación de presentar el contrato a la inspección.

MÁS CONTROLES EN FRUTAS, HORTALIZAS Y VINO

También ha explicado que los sectores de las frutas y hortalizas y el vino son los que más sanciones concentran en la medida en el que son los que se ejercen más controles. «Hemos tenido más denuncias y, como precedentes, puede dar más lugar a incumplimientos», ha explicado.

Anteriormente, ha asegurado ser «conscientes de las dificultades» existentes en campañas como la del vino donde, ha dicho, «se ha abierto controles de oficio». «Ha habido denuncias. Estamos denunciando y controlando», ha aclarado.

CUANTO MÁS JUSTA SEA LA CADENA, MÁS CALIDAD Y MEJORES PRECIOS

Durante esta sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación también ha comparecido el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, que ha aclarado que su empresa no interviene en la formación de precios ni tiene competencia reguladora ni legislativa para ello ni el control de precios.

«Simplemente somos observadores y lo que hacemos es recoger los precios a título informativo», ha señalado, limitando su función a tratar de contar con «instalaciones de calidad para que el encuentro competitivo entre los distintos escalafones de la cadena se produzca en las mejores condiciones posibles».

En todo caso, ha defendido que «cuanto más justa y equilibrada» sea la cadena de valor y no haya en ella «posiciones de dominio», se favorecerá la distribución y permitirá «poner a disposición del consumidor mayores productos, a mejores precios y con mejores calidades».