Cs exige inspecciones y sanciones frente al «abuso» de temporalidad en los contratos de la sanidad y educación públicas
Ciudadanos ha registrado en el Congreso una iniciativa instando al Gobierno a establecer una serie de medidas de inspección y sancionadoras para que las administraciones dejen de realizar conductas «abusivas» en la contratación pública, especialmente en la contratación sucesiva de personal temporal en campos como la enseñanza o la sanidad.
En una proposición no de ley, Cs denuncia que desde hace «demasiados» años en España se está produciendo un abuso «sistemático» de la temporalidad en la contratación pública, lo que genera «injusticias» entre el personal que trabaja al servicio de la Administración Pública y afecta directamente a los servicios que ésta ofrecen a los ciudadanos.
Se trata, según subraya la formación naranja, de «un verdadero abuso» porque se están produciendo «constantemente e impunemente fraude» en la renovación de contratos consecutivos «bajo una falsa premisa de necesidades temporales que no son tales», una situación que, calcula, afecta a más de 800.000 familias españolas.
En su texto, recogido por Europa Press, Cs señala que la situación de contratación temporal es «especialmente sangrante» en las universidades públicas, en la educación y en la sanidad, como a su juicio se ha evidenciado con la irrupción de la pandemia del Covid, aunque remarca que «ocurre desde hace más de 15 años».
Y eso, añade el grupo que capitanea Inés Arrimadas, pese a las «constantes» resoluciones de los tribunales de justicia europeos condenando a las administraciones públicas a resolver los problemas derivados de este «fraude» continuado.
ANTES DE OFRECER PLAZAS, COMPROBAR LA SUCESIÓN DE CONTRATOS
Así las cosas, Cs emplaza al Gobierno a crear, en el plazo de seis meses, un marco normativo para que las administraciones públicas, con carácter previo a una oferta de una plaza ocupada en temporalidad ininterrumpida al menos 3 años, realice las correspondientes comprobaciones para determinar motivadamente que la relación laboral del trabajador que la ocupa responde a las necesidades provisionales que la motivaron.
Y, además, plantea que en el caso de evidenciarse que la relación temporal es sucesiva y las medidas para reprimir el abuso hayan resultado «ineficaces», la administración no pueda ofertar la plaza hasta que se aplique la correspondiente sanción al empleador público y se resarzan los efectos del abuso al trabajador.
