USO denuncia en el Supremo la concesión de subvenciones a CEOE, Cepyme y UGT para formar en digitalización

La Unión Sindical Obrera (USO) ha presentado un recurso contencioso-administrativo por protección de derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo contra la concesión directa de subvenciones a CEOE, Cepyme y UGT para formar en digitalización del sector productivo por un valor global de hasta 30,6 millones de euros.

Para USO, el Real Decreto que regula las ayudas para la formación de trabajadores «se ha dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, puesto que tendría que haberse publicado la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva».

El secretario de organización y servicios a la afiliación de USO, David Díaz, ha señalado que «no basta alegar una situación excepcional y razones de Covid, para evitar este procedimiento, más objetivo e imparcial».

Además, ha apuntado que si el procedimiento de concesión directa es ajustado a derecho, el resto de organizaciones sindicales tendrían que ser incluidas también para no vulnerar los derechos de libertad sindical e igualdad.

Por su parte, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha resaltado que USO «lleva años batallando y solicitando que la formación para el empleo sea gestionada directamente por las administraciones».

Sin embargo, ha apuntado que se está viviendo una «doble privatización y a una intermediación comisionada innecesaria con fondos que son de los trabajadores que se ponen en las cuentas de organizaciones que no deberían estar en la ejecución, sino en la programación y evaluación de las mismas, claramente con unos intereses detrás», ha añadido, tras afirmar que la formación en España «lleva años siendo un desastre, con una eficacia bajísima y en la que se han desperdiciado muchos millones de euros».

30,6 MILLONES A PATRONALES Y UGT

La semana pasada, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha regulado la concesión de subvenciones directas por un valor global de hasta 30,6 millones de euros a CEOE, Cepyme y UGT para la realización de acciones formativas de digitalización aplicadas al sector productivo.

Así se recogía en un Real Decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles pasado, en el que se precisó que estas acciones formativas irán destinadas a formar, en el primer año, a 125.000 trabajadores de cualquier ámbito o sector y sin requisito de pertenencia o afiliación a ninguna de las organizaciones beneficiarias.

En concreto, la norma contempla una subvención directa por un importe máximo de 15,3 millones de euros a la CEOE para la formación en digitalización de 62.500 trabajadores; de 5,1 millones a Cepyme para formar 20.833 trabajadores, y de 10,2 millones a UGT para impartir formación a 41.667 trabajadores.

También apuntaba que se dará prioridad a la participación de los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y una de las condiciones exigibles para tener acceso a la subvención es que exista un mínimo del 20% de mujeres inscritas en la acción formativa.

El importe máximo de la subvención por alumno, entendiendo como tal el que complete al menos el 80% de la formación, será de 245 euros. Para aquel alumnado que no complete el 80% del tiempo estimado de la formación se considerará como imputable al proyecto y gasto justificable un 10% del máximo previsto, equivalente a 24,5 euros.

Las organizaciones beneficiarias de la subvención tendrán que desarrollar y ejecutar una acción formativa en digitalización aplicada al sector productivo, con metodología de formación virtual tutorizada, y con el temario y contenidos que apruebe la Secretaría General de Formación Profesional, con carácter de proyecto piloto.

Esta acción formativa tendrá una duración de 30 horas, responderá a los contenidos de una Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y será acreditable en el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, esta acción formativa se acompañará de un proceso simultáneo de diagnóstico de las necesidades de formación en el ámbito de la digitalización que permita la evaluación de las acciones formativas actuales y la planificación de las futuras.

Según el Gobierno, la envergadura de esta actuación requiere contar con los representantes naturales de los trabajadores y de sus empresas y la canalización de estas subvenciones a través de ellos supone «una garantía para una adecuada consecución de los objetivos de cualificación de los trabajadores en materia de digitalización aplicada».

SIN CONCURRENCIA COMPETITIVA

Educación explicó que en la Mesa de Diálogo Social para la Formación Profesional se abrió esta convocatoria a la participación de todos los representantes presentes en la misma, pero que fueron CEOE, Cepyme y UGT las que manifestaron «su disposición, estructura y capacidad actual para participar en un proyecto de esta envergadura».

El Ministerio estimó que concurren circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público para la aprobación de estas ayudas como subvenciones de concesión directa, pues «la digitalización del sector productivo resulta crucial para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de los trabajadores y trabajadoras y la empleabilidad de jóvenes y mujeres», un asunto que, a su juicio, «reviste especial urgencia de cara a la recuperación de la economía española tras la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19».

Además, argumentó que en este caso «no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva» debido a que se trata de entidades que prestan una serie de servicios fuera del mercado, sin ánimo de lucro, ni existen otras posibles perceptoras de tales fondos, dada la posición única que ostentan estos interlocutores sociales.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan para la modernización de la Formación Profesional, en el que se plantea una actuación que formará a 125.000 personas anualmente durante 4 años, mediante un módulo de 30 horas de digitalización aplicada a su sector productivo y puesto de trabajo.

Las ayudas serán compatibles con la percepción de cualquier otra o subvención proveniente de Administraciones locales, regionales, nacionales, supranacionales o internacionales, salvo para las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos. En todo caso, el montante total en caso de que concurrieran varias ayudas o subvenciones no podrá superar el valor total del gasto realizado.

La propuesta de pago de las subvenciones previstas a las entidades beneficiarias se podrá efectuar con carácter anticipado a su justificación. La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención tendrá que justificarse en el primer trimestre del año siguiente al de la finalización de la ejecución de las acciones.